El Ministerio de Energía clarificó el impacto real que tendrá el proyecto de ley destinado a sanear la deuda de $730 mil millones acumulada con las empresas distribuidoras desde 2019. Aunque inicialmente se habló de un monto estándar, el Ejecutivo confirmó que el recargo mensual dependerá directamente del nivel de consumo de cada vivienda, afectando con mayor fuerza a la clase media y sectores de consumo más elevado.
En ese sentido, Álvaro García, biministro de Economía y Energía, señaló que “una boleta promedio cuesta alrededor de $40 mil, esa es la que pagaría $1.450; una de $30 mil pagaría alrededor de $1.000 y una de $55 mil alrededor de $2.000”. La medida busca regularizar el desfase generado por el congelamiento de tarifas y el retraso en la actualización del Valor Agregado de Distribución (VAD).
Para financiar el subsidio destinado al 40% más vulnerable, el Gobierno propone utilizar el aumento en la recaudación del IVA que generará esta misma alza. Ante ello el jefe de la cartera detalló que “lo que se recauda por IVA es más de lo que se requiere para financiar el subsidio, por lo tanto al Estado no le va a costar recursos adicionales”. El secretario de Estado añadió que las empresas reguladas también deberán pagar un monto adicional según su nivel de deuda.
Sin embargo, el anuncio despertó duras críticas en el Congreso, donde se cuestiona que el costo de una decisión política sea traspasado a los clientes. Jaime Mulet, diputado de la Federación Regionalista Verde Social, manifestó que “es un abuso que el gobierno de Piñera haya tomado una decisión sin consultar a los consumidores y ahora los mismos consumidores sean los que paguen la cuenta, y además con intereses”.
Desde la oposición, el foco está puesto en la gestión técnica y los errores de cálculo acumulados durante los últimos años. Marco Sulentay, diputado y presidente de la comisión de Energía, manifestó que “esta propuesta debe ser analizada en profundidad; no solo tiene su origen en el congelamiento, también proviene del mal cálculo de las cuentas”. El parlamentario subrayó que es urgente determinar con claridad quién asumirá los costos de los subsidios para no seguir afectando el bolsillo de la población.
