La Fundación Fuerza Ciudadana, ONG que persigue casos de corrupción, presentó una querella con el fin de que el Ministerio Público intervenga e investigue el presunto delito de fraude al Fisco que se habría producido en la fallida compra de la casa de Salvador Allende, y que -de concretarse- habría favorecido a la actual senadora PS Isabel Allende y a su sobrina, la ministra de Defensa, Maya Fernández. Ambas con prohibición absoluta de celebrar contratos con el Estado mientras ejerzan sus cargos.
La denuncia, recogida por La Tercera, busca establecer si existió fraude al fisco en este proceso que terminó frustrado por irregularidades y conflictos de interés.
La querella fue presentada en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago por Raimundo Palmara Stewart, abogado y presidente de la fundación, quien solicita que el fiscal regional Xavier Armendáriz investigue el uso de fondos públicos para adquirir la casa ubicada en calle Guardia Vieja, Providencia.
En el libelo se cuestiona la utilización de cuantiosos fondos públicos para la adquisición de este inmueble -ubicado en calle Guardia Vieja en Providencia-, y que fue visado con la firma del propio Presidente de la República, Gabriel Boric. Es por ello que los denunciantes piden que se realicen diligencias en contra del Mandatario, a quien sindican como responsable de hechos que configurarían, a juicio de la ONG, el delito de fraude al Fisco.
El documento judicial apunta directamente al Mandatario y a sus colaboradores inmediatos, indicó el citado medio, incluyendo a los ministros del Interior, Defensa, Cultura y Bienes Nacionales. En la querella, se exige que se tomen declaraciones a los secretarios de Estado y se verifique la inscripción del inmueble en el Conservador de Bienes Raíces.
La denuncia tiene como objetivo investigar si hubo perjuicio fiscal al utilizar fondos públicos para adquirir el inmueble por $933 millones, señala la querella. Además, se cuestiona la firma del contrato de compraventa, realizado el 30 de diciembre de 2024, y que incluía la participación de un abogado que representaba a los herederos de Allende.
Es más, la acción judicial manifiesta que el Presidente Boric habría tenido conocimiento previo del acuerdo, lo que configura, a juicio de los denunciantes, un eventual fraude al fisco
