El Congreso Nacional dio el paso final para convertir en ley el reajuste al sector público, luego de que la Cámara de Diputados ratificara los cambios realizados por el Senado, de este modo, con un respaldo de 122 votos, la iniciativa superó su tercer trámite, eliminando las polémicas «normas de amarre» que pretendían limitar la discrecionalidad en los despidos a contrata. Ahora, el texto deberá ser visado por el Tribunal Constitucional antes de su promulgación oficial.
El proyecto despachado contempla un incremento salarial del 3,4%, el cual se ejecutará de forma retroactiva con un 2% a diciembre y un 1,4% en junio de 2026. Sin embargo, la discusión estuvo tensionada por el costo fiscal de US$1.700 millones. Sectores de la oposición denunciaron que gran parte de este financiamiento no está asegurado, lo que obligará a la próxima administración a realizar reasignaciones presupuestarias de magnitud para cumplir con los pagos.
En ese sentido, Nicolás Grau, ministro de Hacienda, defendió la celeridad del acuerdo y lamentó el rechazo a las protecciones laborales para los funcionarios. “Probablemente ese va a seguir siendo un desafío para las siguientes administraciones, porque hay solo en el Gobierno Central 287.000 personas a contrata, 70% de ellas del 2024 entraron por concurso, es decir, no es gente que entra a un gobierno, sino que entra a trabajar al Estado”, sentenció el secretario de Estado.
Por su parte, el flanco crítico insistió en que el proyecto hereda un problema de caja al siguiente gobierno. Frank Sauerbaum, diputado de RN, enfatizó la fragilidad de la estructura financiera aprobada. “Hemos rechazado las normas de amarre, que finalmente no prosperaron, pero le dejamos un problema de financiamiento grave al próximo gobierno”, advirtió el parlamentario tras la votación que cerró el ciclo legislativo de la propuesta.
Más allá del reajuste, la ley incluye normativas misceláneas de alto impacto para la ciudadanía. Entre ellas destaca la prórroga de las licencias de conducir hasta el 31 de diciembre de 2026 para aquellas que vencen este año, y la extensión de la modalidad de teletrabajo en el aparato estatal hasta marzo de 2027. Con el despacho de estas medidas, el Ejecutivo busca dar cumplimiento a los acuerdos con los gremios y asegurar la entrega de bonos y aguinaldos.
