Aunque las autoridades insistieron en que la tecnología carcelaria estaba “operativa”, el penal de Alto Hospicio —epicentro del escándalo que remece a Gendarmería— no cuenta con inhibidores de señal funcionales. Los reos llaman, navegan y coordinan delitos desde sus celdas mientras los sistemas, comprados por miles de millones, quedaron obsoletos. En medio del operativo que dejó 19 detenidos, la verdad retumba: las paredes del penal no bloquean nada.
LA MENTIRA DEL SILENCIO DIGITAL
En el desierto del norte, donde el viento corta y la soledad se oye a kilómetros, se levanta la cárcel de Alto Hospicio: una mole gris que alguna vez se creyó impenetrable. Pero la verdad, filtrada desde los pasillos del propio Estado, golpea con fuerza: el penal no tiene inhibidores de señal activos.
Lo que debía ser una barrera invisible contra el crimen digital hoy es apenas chatarra tecnológica que duerme en algún depósito, mientras los internos siguen conectados al mundo exterior como si los muros fueran una pantalla más.
Las investigaciones de la Contraloría General de la República son categóricas: solo 10 cárceles en todo el país tienen sistemas de inhibición operativos, y aun esos fallan gravemente. Alto Hospicio no está entre ellas. A pesar de los más de 5 mil millones de pesos gastados en contratos, las antenas instaladas hace más de una década quedaron inútiles frente al avance de las redes 3G, 4G y 5G. Mientras tanto, los teléfonos suenan dentro de las celdas, las videollamadas circulan en redes sociales y el crimen sigue dirigiéndose a distancia.
UNA CÁRCEL CON SEÑAL PLENA
El eco metálico de los pasillos lo dice todo: adentro, los celulares vibran. Desde las ventanas, los internos graban videos, hacen transmisiones, negocian, amenazan. Todo con señal completa.
“Acá no hay inhibidores que sirvan”, reconocen fuentes internas de Gendarmería que prefieren el anonimato. “Si los hubo alguna vez, quedaron viejos. Y los que hay, no bloquean nada”.
La Contraloría lo advirtió: el sistema conocido como “Jammer”, instalado entre 2005 y 2013, solo cubre redes 2G. Hoy, eso es como intentar apagar un dron con una linterna.
Incluso, se comprobó que celulares en lista negra seguían con acceso a voz y datos, que tarjetas SIM liberadas esquivaban los bloqueos, y que conexiones Wi-Fi internas mantenían la comunicación abierta.
La cárcel, supuestamente aislada del mundo exterior, sigue conectada a todo.
EL ESCÁNDALO DE LOS 19 DETENIDOS
El silencio del desierto se rompió hace unos días, cuando un operativo policial masivo irrumpió en el penal. Diecinueve detenidos. Doce de ellos, gendarmes.
La fiscal regional Trinidad Steinert Herrera confirmó que los funcionarios estaban involucrados en tráfico de drogas, cohecho y lavado de activos. Vendían sustancias a internos, triangulaban dinero y hasta abastecían a colegas.
¿Y cómo se coordinaba todo esto? A través de teléfonos celulares que jamás debieron estar encendidos.
Porque sin inhibidores, el penal se convirtió en un centro de operaciones criminales con cobertura total.
Mientras las autoridades en Santiago hablaban de “protocolos” y “equipos modernos”, la realidad en Alto Hospicio era otra: llamadas, mensajes, audios, transferencias, órdenes y amenazas cruzaban el aire sin obstáculos.
LA TECNOLOGÍA QUE SE HIZO HUMO
El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, insistió públicamente en que “el sistema de inhibición funciona, aunque ningún sistema llega al 100 %”, pero los informes lo desmienten con cifras frías y contundentes: el 87 % de las cárceles chilenas no tiene tecnología activa de bloqueo, y en muchas de las que la tienen, los equipos están fuera de norma o sin mantenimiento.
En el papel, existen contratos millonarios para actualizar los dispositivos. En la práctica, los equipos quedaron atrás, los proveedores cambiaron, y la fiscalización se diluyó.
La Contraloría encontró omisiones en licitaciones, fallas en pruebas técnicas y deficiencias en la supervisión. Lo más grave: Gendarmería no puede certificar si los equipos instalados alguna vez funcionaron plenamente.
Así, el sistema que debía ser “el muro invisible” contra el crimen se transformó en la grieta más grande del sistema penitenciario chileno.
LOS MUROS QUE ESCUCHAN
En Alto Hospicio, los muros parecen tener vida. Las voces cruzan las paredes, los audios suben a la nube, los videos se filtran a TikTok.
Los guardias, agotados o cómplices, miran hacia otro lado. Algunos, incluso, forman parte del engranaje.
Porque donde no hay señal bloqueada, hay poder compartido.
Y en esa mezcla de corrupción y tecnología fallida, el control se disuelve.
El propio director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez Riquelme, reconoció que desde 2022 más de 90 funcionarios han sido expulsados por corrupción. Pero el daño institucional ya está hecho: si no hay inhibidores, tampoco hay silencio.
Y si las bandas pueden hablar, también pueden mandar.
ENTRE EL ESCÁNDALO Y LA IMPUNIDAD
Tras la tormenta mediática, el Ministerio de Justicia anunció nuevas licitaciones para renovar la tecnología de bloqueo. Pero la ciudadanía —y especialmente los habitantes de la Región de Tarapacá— se preguntan lo mismo:
¿Dónde están los equipos que se pagaron? ¿Por qué siguen funcionando los celulares en las cárceles? ¿Quién responde por años de negligencia y millones perdidos?
Mientras las respuestas se enredan entre sumarios y comunicados, la realidad sigue sonando dentro del penal: el tono de llamada que nunca debió oírse en un centro de reclusión.
EL DESIERTO QUE HABLA
En el corazón del desierto, la cárcel de Alto Hospicio vuelve a quedar expuesta.
No solo por la corrupción, sino porque la tecnología prometida nunca existió realmente.
Sin inhibidores, sin control, sin vigilancia efectiva, el penal más temido del norte se convierte en un centro con señal abierta, donde las órdenes viajan con claridad, las redes operan sin interrupción y el crimen sigue respirando desde adentro.
Los muros no callan.
Los muros escuchan, repiten y retransmiten.
Y lo que debía ser silencio… hoy es ruido digital.
