En un día negro para La Moneda en el Congreso, el Senado desmanteló la estrategia del Gobierno para proteger a funcionarios de confianza ante el cambio de mando. Mientras la derecha celebraba la eliminación de las normas de ‘amarre’, el ministro Nicolás Grau encendía las alarmas al reconocer un déficit estructural más profundo, confirmando los peores temores de la oposición sobre la salud de las arcas fiscales.
Un complejo escenario enfrenta el Gobierno saliente tras el paso del proyecto de reajuste al sector público por el Senado. Pese a que la iniciativa avanzó a su tercer trámite, el Ejecutivo no logró salvar los artículos clave que buscaban establecer el criterio de «confianza legítima», dejando desprotegidos a miles de funcionarios frente a la transición de mando.
Adiós a la protección de los «5 años»
La Sala del Senado ratificó el rechazo de la Cámara Baja a la denominada norma de «amarre». Esta propuesta pretendía que aquellos funcionarios a contrata con al menos cinco años de antigüedad tuvieran el derecho legal de reclamar ante la Contraloría en caso de despido injustificado por la nueva administración.
Tampoco prosperó la exigencia de fundar administrativamente los despidos ni la norma que obligaba a los asesores directos de confianza política a renunciar antes del 11 de marzo. El único alivio para el oficialismo fue la reposición del bono de término de negociación, una de las expectativas gremiales más altas.
La confesión de Hacienda: «Déficit estructural será peor»
El debate tomó un cariz dramático cuando el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, reconoció ante los parlamentarios la fragilidad de las finanzas públicas. Según el secretario de Estado, aunque la deuda pública podría estar en un nivel aceptable, el déficit estructural terminará peor de lo que se estimaba en el informe anterior.
Este reconocimiento fue interpretado por la oposición como una señal de alerta máxima. El senador Rojo Edwards fue tajante al señalar que las reservas del Fondo de Estabilización «están completamente utilizadas». «Chile tenía reservas y ahora no tiene; nos las comimos todas», sentenció, vinculando la crisis fiscal con los altos costos de la reconstrucción tras las recientes emergencias.
Recta final en el Congreso
Con este resultado, el proyecto regresa este miércoles a la Cámara de Diputadas y Diputados para su tercer trámite legislativo. El tiempo apremia: el Ejecutivo espera despachar la ley a la brevedad para que pase por el Tribunal Constitucional antes del 28 de enero, fecha límite para asegurar la operatividad del reajuste antes del cambio de mando.
Lo que significa la caída de esta norma
Se elimina el «blindaje» legal:
El Gobierno actual quería dejar por escrito que si un funcionario lleva 5 años o más, se asume que su trabajo es permanente (confianza legítima). Al rechazarse esto, la administración de Kast tendrá la facultad de no renovar contratas basándose en el criterio de que son cargos de confianza o que responden a nuevas planificaciones institucionales, sin que el trabajador tenga ese «escudo» automático para reclamar ante la Contraloría.
Adiós a la «Confianza Legítima» por ley.
Actualmente, la «confianza legítima» existe principalmente por fallos de la Contraloría y tribunales (que suelen proteger a quienes llevan más de 2 o 5 años). El Gobierno de Boric quería subir ese criterio a nivel de Ley para que fuera imposible de ignorar. Al caerse la norma, el próximo gobierno tiene más espacio de maniobra jurídica para realizar desvinculaciones.
No habrá obligación de «fundar» con tanto rigor:
El Senado también rechazó la norma que obligaba a dar motivos extremadamente detallados para un despido. Esto facilita administrativamente la salida de personal, ya que reduce las exigencias legales que el nuevo gobierno debe cumplir para justificar por qué no le renueva el contrato a alguien.
Con este resultado legislativo:
- Los cargos de confianza: Podrán ser removidos de inmediato.
- Los funcionarios a contrata: Quedan en una posición de mayor vulnerabilidad, ya que la interpretación de su estabilidad volverá a quedar sujeta a lo que diga la Contraloría caso a caso, y no a una ley que los proteja de entrada.
