En el norte de Chile, una historia estremecedora emerge desde los pasillos del Hospital Regional de Iquique. Una trabajadora, que enfrentó en primera línea la pandemia del covid-19, hoy libra una batalla distinta: contra la burocracia, el abandono y la indiferencia del sistema. Su cuerpo quedó marcado por graves secuelas neurológicas y su derecho a la salud, vulnerado. El caso, de tal gravedad, llevó al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Tarapacá a oficiar al Instituto de Seguridad Laboral (ISL) y a la Seremi de Salud, exigiendo respuestas ante lo que describen como un “abandono médico y administrativo inaceptable”.
Una enfermedad laboral… que dejó de serlo
Todo comenzó en enero de 2022, cuando la trabajadora se contagió de covid mientras cumplía sus funciones en el hospital público. El contagio fue reconocido oficialmente como enfermedad laboral por el ISL, bajo el amparo de la Ley 16.744, que protege a los funcionarios expuestos a riesgos sanitarios.
Pero lo que parecía una recuperación terminó convirtiéndose en un infierno prolongado. En pocas semanas, la mujer comenzó a experimentar problemas de movilidad, alteraciones neurológicas y pérdida del habla. Aun así, el Instituto de Seguridad Laboral decidió cerrar su caso, argumentando que su dolencia ya no correspondía a una enfermedad profesional.
Así, la misma institución que antes la había amparado, ahora la dejaba a su suerte, derivándola a Fonasa como si se tratara de una patología común.
La larga ruta judicial y la intervención del INDH
Desesperada, la trabajadora recurrió a la Superintendencia de Salud, que revirtió parcialmente la decisión del ISL, reconociendo que sus secuelas sí derivaban del covid contraído en el hospital. Sin embargo, el ISL insistió en su postura y negó continuar con las prestaciones médicas.
La situación derivó en un recurso de amparo que llegó hasta la Corte Suprema, la cual falló a favor de la mujer, señalando que hubo una “amenaza arbitraria e ilegal a sus garantías constitucionales”.
El máximo tribunal obligó al ISL a realizar nuevos exámenes psiquiátricos y neurológicos, pero el resultado fue una nueva negativa: los especialistas concluyeron que las dolencias eran de origen “extralaboral”.
Hoy, la mujer no puede caminar ni comunicarse con normalidad, y los informes oficiales no explican ni prueban el verdadero origen de sus secuelas. Ni siquiera se consideró el diagnóstico de “long covid”, reconocido internacionalmente por sus efectos devastadores en el sistema nervioso.
INDH exige respuestas: “Una vulneración grave al derecho a la salud”
Ante la inacción institucional, la sede regional del INDH Tarapacá intervino con fuerza. Ofició a la Seremi de Salud y al ISL, solicitando aclarar por qué se interrumpió el tratamiento de una funcionaria que se enfermó sirviendo al sistema público.
El organismo de derechos humanos pidió además verificar si la afectada debió costear tratamientos privados y por qué no se consideraron los efectos neurológicos post-covid como parte de su enfermedad laboral. También solicitó conocer las razones detrás del manejo clínico que la Superintendencia calificó como “mala gestión médica”.
En otro oficio, el INDH fue más allá: consultó si el deterioro psicológico de la trabajadora podría estar relacionado con estrés postraumático, producto del contexto de colapso sanitario y muerte masiva vivido durante la pandemia.
“La salud —recordó el INDH citando a la OMS— no es solo ausencia de enfermedad, sino un estado de bienestar físico, mental y social. Y ese derecho le ha sido arrebatado”, sentencia el documento.
Una mujer invisible para el sistema
A más de tres años del contagio, la funcionaria continúa sin acceso a tratamientos especializados. Su cuerpo se deteriora, su salud mental se apaga lentamente y las instituciones que deberían protegerla se traspasan responsabilidades entre sí.
Para el INDH, su caso refleja la deuda del Estado con miles de trabajadores de la salud que enfrentaron la pandemia y hoy sufren las secuelas físicas, mentales y sociales de aquel sacrificio.
Una historia que duele, que interpela, y que recuerda que la lucha contra el covid no terminó con la vacuna, sino que continúa en quienes quedaron olvidados después de servir al país.
Fuente: Instituto Nacional de Derechos Humanos
