
El proceso de reavalúo de propiedades no agrícolas correspondiente a 2026 continúa avanzando conforme a la normativa vigente, luego de que el Servicio de Impuestos Internos (SII) publicara una resolución con nuevos criterios técnicos para el cálculo del avalúo fiscal, en medio del debate político que busca postergar su aplicación por un año.
Desde el organismo explicaron que, pese a la intención del Ejecutivo de aplazar el reavalúo ante cuestionamientos por la forma en que se determinan las contribuciones, no existe aún una ley aprobada que permita suspender este proceso. Por ello, el SII está obligado a cumplir con lo que establece la legislación actual, que ordena realizar la actualización de avalúos cada cuatro años a contar del 1 de enero de 2026.
El subdirector de Avaluaciones del SII, Pablo Muñoz, señaló que el proyecto que busca postergar el reavalúo todavía no ha sido tramitado en el Congreso, motivo por el cual el servicio debió publicar en diciembre la resolución que regula el proceso. No obstante, precisó que, si la iniciativa legal avanza y se convierte en ley, el organismo podrá dejar sin efecto esta actualización mediante una nueva resolución.
La postergación del reavalúo fue considerada por el Gobierno tras las críticas de expertos respecto a la falta de transparencia y complejidad del impuesto territorial. Aunque se intentó incluir esta medida en distintos proyectos —como una reforma tributaria para pymes y posteriormente en una propuesta vinculada al Fondo Común Municipal—, ninguna de estas iniciativas prosperó. Finalmente, el Ejecutivo comprometió su incorporación en el proyecto de reajuste del sector público, cuya discusión comenzará el 5 de enero.
En paralelo, el SII introdujo ajustes relevantes en la metodología de cálculo, fruto de un trabajo técnico que incluyó reuniones con entidades públicas y privadas del ámbito urbano, inmobiliario y de tasación. Entre los cambios, se eliminaron factores y coeficientes de baja aplicación, se modificaron criterios asociados a la altura de las edificaciones y se reemplazó el factor comunal por un factor de seguridad de alcance nacional, cuyo objetivo es fijar avalúos en torno al 60% de los valores de mercado analizados.
Asimismo, se simplificó la aplicación del coeficiente de superficie y se suprimieron ajustes específicos que estaban vigentes en la comuna de Santiago. Desde el mundo experto, si bien se valoran estas mejoras técnicas, algunos advierten que el sistema de contribuciones requiere una revisión estructural más profunda, especialmente ante propuestas futuras como la eliminación del impuesto a la primera vivienda.
Mientras el debate legislativo continúa, el reavalúo 2026 sigue su curso, a la espera de una definición política que determine si finalmente será aplicado o postergado.







