El Servicio de Vivienda y Urbanización de Tarapacá (SERVIU Tarapacá) emitió un comunicado de prensa en respuesta a las publicaciones recientes en medios de comunicación sobre la situación de su director, Juan Pablo Sepúlveda Rosso. Según el comunicado, actualmente se encuentra en desarrollo un procedimiento interno para revisar antecedentes administrativos, el cual será remitido oportunamente a la Contraloría Regional de Tarapacá.
Según una investigación realizada por “El Sol de Iquique”, Sepúlveda fue denunciado por sus propios funcionarios tras ser sorprendido tocando guitarra y cantando en un bar de Iquique el 29 de marzo de 2024, mientras se encontraba con licencia médica por reposo total entre el 21 de marzo y el 10 de abril de ese mismo año. Las imágenes del episodio fueron publicadas por la propia banda en su cuenta de Instagram.
La Contraloría Regional resolvió abstenerse de emitir un pronunciamiento sobre el caso, argumentando que existe un sumario administrativo en curso. Sin embargo, la investigación de El Sol de Iquique reveló que el sumario quedó prácticamente paralizado por meses y que recién en marzo de 2025 se retomaron gestiones para nombrar a un nuevo fiscal, lo que se concretó en mayo con el nombramiento de Patricia Huerta.
El SERVIU Tarapacá informó que Sepúlveda hizo uso de una licencia médica desde el 21 de marzo de 2024 por un período de 21 días, autorizada por sistema electrónico, la cual incluía permiso por prescripción médica para realizar actividades de libre disposición fuera del domicilio.
La institución reiteró su compromiso con la transparencia, la responsabilidad pública y la correcta gestión institucional, y señaló que se encuentra a la espera del resultado del sumario administrativo en curso, el cual se lleva a cabo con pleno apego al debido proceso y respeto por la institucionalidad.
El SERVIU Tarapacá declinó referirse directamente a preguntas sobre el impacto político y la permanencia del director en el cargo, limitándose a señalar que están actuando conforme a las instrucciones de la Contraloría General de la República y que reafirman su compromiso con la correcta gestión y el cumplimiento de las normativas vigentes.
