Durante la sesión de la Comisión de Vivienda, Carlos Marambio, gerente general de la Asociación de Desarrolladores de Viviendas Sociales, detalló los retrasos en pagos de obras ejecutadas, escrituraciones y adquisición de terrenos en la región Metropolitana.
Según el directivo, estos atrasos afectan directamente a las constructoras y pymes encargadas de proyectos sociales, que enfrentan dificultades para operar sin pagos durante cuatro, cinco o incluso seis meses.
Marambio aclaró que la cifra de deuda reportada en algunos medios, cercana a los mil millones de dólares, no corresponde a la realidad. Según la Asociación, el monto verdadero es de $312 mil millones, los cuales no representan deuda vencida, sino recursos pendientes para financiar compromisos durante el año 2025.
Entre ellos, se incluyen subsidios DS49 Fondo Solidario, préstamos de enlace DS19, pagos de proyectos terminados, subsidios DS15 para compra de viviendas y la adquisición de terrenos para viviendas sociales.
El directivo explicó que el déficit surge principalmente por el aumento en los subsidios implementados por la administración actual, un 54% superior a los del segundo gobierno de Michelle Bachelet y un 12% más que durante la segunda administración de Sebastián Piñera.
Esto ha generado presión sobre la caja del Serviu Metropolitano y el uso del confirming de BancoEstado, con pagos diferidos a 180 días.
Por su parte, Carlos Araya, jefe de Política Habitacional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, señaló que la situación no es nacional, sino específica de la región Metropolitana, y enfatizó que no se trata de deuda vencida.
Históricamente, el 90% de los subsidios se pagan con arrastre en los años siguientes, entre 2 y 4 años, y se está trabajando en coordinación con la Dirección de Presupuestos para proyectar el gasto y evaluar posibles redistribuciones sin afectar a otras regiones.
Aun así, los diputados calificaron la situación como gravísima, alertando sobre la falta de definición presupuestaria y control en la ejecución de fondos, lo que podría impactar la construcción de futuras viviendas sociales.
Por ello, se espera citar próximamente al ministro de Vivienda, Carlos Montes, a la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, al director del Serviu Metropolitano y al encargado de control de la cartera ministerial, con el objetivo de aclarar la situación y asegurar los recursos necesarios.
