Servicios públicos alertan sobre compras de terrenos agrícolas en la provincia del Tamarugal
Hasta la localidad de La Huayca se movilizaron diversos servicios públicos, ante la convocatoria de la Seremi de Agricultura, que coordinó una fiscalización conjunta con sus pares de Bienes Nacionales y Vivienda, además de Conaf, SAG, el Servicio de Impuestos Internos y seguridad ciudadana de la Municipalidad de Pozo Almonte, debido a las constantes denuncias por la presencia de loteos irregulares.
Los organismos públicos visitaron diversos puntos, donde se tomaron coordenadas para determinar el dominio de las propiedades, además de evaluar los usos que se otorgan en esta zona rural, detectando en algunos casos, actividades al margen de la ley.
“Toda construcción en área rural requiere para su ejecución el informe de calificación favorable que emite la Seremi de Vivienda y Urbanismo, amparado en el artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcción. Este artículo permite algunas construcciones en área rural, pero solamente con fines agrícolas. Acá se está perdiendo mucho suelo agrícola, sabemos también que estamos en un área con algún potencial turístico y se han dado mucho las construcciones de cabaña o segunda vivienda, que para estos efectos y para poder contar con un certificado favorable de la Seremi, el terreno no puede ser inferior a 5 mil metros”, explicó Cecilia Antiqueo, analista del Departamento de Desarrollo Urbano de la Seremi del Minvu, quien aclaró que los dueños de los predios pueden construir para uso residencial y de sus trabajadores, pero no excediendo el 10% del terreno.
Sin embargo, a través de redes sociales o avisos camineros en la provincia del Tamarugal, se han masificado anuncios de venta de terrenos inferiores a media hectárea, por lo cual el seremi de Bienes Nacionales, Osvaldo Ardiles, alertó sobre esta práctica.
“La gente debe estar atenta a estos inescrupulosos que lucran con la esperanza de la gente de tener un terreno, una casa propia, ya que las medidas mínimas que se están ofreciendo no reúnen las condiciones para poder hacer a las personas titulares del dominio, lo que se vende en definitiva es una cesión de derechos”, dijo la autoridad, explicando que solo son dueños de un porcentaje del terreno, que no está singularizado y no reúne los atributos para construir, por lo cual llamó a denunciar, ya sea en las direcciones de obras de los municipios o en el Minvu, que tiene facultades con respecto al tema.
En la misma línea, el seremi de Agricultura, Rubén López, expuso, “tenemos que trabajar en forma transversal con otros servicios como Bienes Nacionales, la municipalidad, Impuestos Internos, para poder ir avanzando en conjunto, en cuanto a poder ordenar y normalizar e informar a la gente que está en estos territorios, de cómo se regulariza, de quienes están en forma irregular, de los que están haciendo temas industriales que no son agrícolas, para poder también tomar las acciones legales que correspondan”.
En tanto Ana Venegas, jefa del departamento de avaluaciones de SII, argumentó que, “la competencia nuestra es cobrar el impuesto que corresponde de acuerdo al uso que se le está dando al suelo… también fiscalizamos si es que hay algún comercio, cómo está la parte tributaria y respecto del destino comercial, si tiene algún inicio de actividad”.
Los representantes de estos servicios públicos enfatizaron que el mayor problema de estos loteos urbanos, que se construyen al margen de la planificación, es que luego requieren accesos, retiro de basura, seguridad, iluminación, alcantarillado y otras demandas que deben absorber municipios con escasos recursos, generando además externalidades a los habitantes de los alrededores.
La presencia del SAG se destinó a orientar a los vecinos dedicados a la crianza de animales, en tanto Conaf, fiscalizó la poda de ramas de tamarugos para la producción de carbón, detectando la tala de un ejemplar que está protegido, por lo que se requiere mayor regulación en esta actividad económica.
