A 120 días de las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias, el Servicio Electoral (Servel), procederá este sábado a determinar el padrón provisorio de las personas que reúnen los requisitos necesarios para ejercer el derecho a sufragio.
Con ello, a partir de 19 de julio, –a juicio de las autoridades del Servel-, queda sellada la posibilidad de realizar ajustes al registro electoral, lo que pone en jaque las aspiraciones del gobierno y del oficialismo de poder realizar un último retoque al padrón para restringir la nómina de extranjeros habilitados para votar.
“El padrón provisorio es 120 días antes (de las elecciones), que es lo que vamos a trabajar ahora y, luego de eso, viene el padrón definitivo (que se publicará el 17 de septiembre)”, explicó la presidenta del Consejo Directivo del Servel, Pamela Figueroa, quien concurrió al Senado a exponer la visión técnica del organismo ante la reforma política del Ejecutivo.
En esta etapa, que se abre tras la publicación de la nómina provisoria, el Servel recibe reclamaciones y somete el padrón transitorio a una auditoría obligatoria desde el punto de vista legal.
Por lo tanto, Figueroa explicó que, en este lapso, “es muy difícil, aunque todavía se está revisando el padrón, hacer modificaciones legales que afecten el padrón, porque las reclamaciones y la auditoría se hace a partir del padrón provisorio”.
Agregó que alterar el padrón, por ejemplo, para impedir o reducir el número votantes extranjeros, aun cuando se haga mediante su correspondiente trámite legislativo, “en términos técnicos, es imposible”.
El portazo del Servel, sin embargo, según la lectura predominante en el oficialismo y el gobierno, no sería definitivo. De hecho, hay una interpretación jurídica de que mientras no se cierre el padrón definitivo, el 17 de septiembre, según los plazos legales, aún hay margen para maniobrar.
En esta línea, la ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, al ser consultada por los cambios electorales que se están discutiendo en el Congreso, transparentó que el Ejecutivo seguía interesado en regular el voto de los inmigrantes no nacionalizados, situación que está permitida en la legislación chilena, pero que es una singularidad a nivel mundial.
