A casi un año de la trágica colisión que cobró la vida de los pescadores de la lancha Bruma, el Juzgado de Garantía de Coronel dictó este lunes las medidas cautelares para los tres tripulantes del buque Cobra imputados en la causa. El tribunal determinó que el capitán Roberto Mansilla y los tripulantes Luis Macaya y Jaime Sandoval deberán cumplir con las medidas de firma quincenal y arraigo nacional.
Además de estas restricciones, el magistrado impuso la prohibición estricta de comunicarse entre los imputados y con la empresa involucrada, fijando un plazo de 120 días para la investigación. Por su parte, la empresa Blumar quedó finalmente sin medidas cautelares, luego de que el tribunal desestimara la solicitud del Ministerio Público y validara los argumentos de la defensa.
Tras la audiencia, el abogado defensor Alejandro Espinoza valoró la resolución, destacando que no se indicó fácticamente qué hicieron mal o qué omitieron los tripulantes en sus deberes. Según Espinoza, la investigación demuestra que no existe una conducta dolosa ni intención, calificando lo ocurrido como un accidente donde no habría responsabilidad de los trabajadores formalizados. Además, señaló que el tribunal estimó como adecuadas las medidas preventivas de la compañía.
Desde la vereda de las víctimas, la resolución fue recibida con profunda amargura. Soledad Espinoza, familiar de los fallecidos, expresó el dolor y sufrimiento de este año de espera, señalando que la familia esperaba el arresto domiciliario total. Soledad también cuestionó cómo se garantiza que los imputados no se comuniquen entre ellos ni con la empresa si son representados por el mismo abogado. “Solo nos queda confiar en que van a hacer bien la pega, pero sabemos cómo está la Justicia en Chile”, sentenció.
Finalmente, el abogado querellante, Rafael Poblete, adelantó que la alternativa más evidente es recurrir a la Corte de Apelaciones. Aunque señaló que sería imprudente apelar sin conocer el texto íntegro de la sentencia, Poblete enfatizó que esperan convencer al tribunal de alzada de que, atendida la gravedad del hecho, debiera otorgarse una medida cautelar de mayor intensidad para los formalizados.
