La Sala del Senado aprobó con 41 votos a favor y uno en contra una nueva prórroga de 90 días para que las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública resguarden las fronteras en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. La medida busca fortalecer el control migratorio y detectar delitos en estas áreas, que han visto un aumento en la migración irregular a través de pasos no habilitados. Durante la sesión, se enfatizó la necesidad de coordinar mejor las acciones entre policías y fuerzas armadas.
La ministra del Interior y Seguridad, Carolina Tohá, expuso que aunque las denuncias de migración irregular han disminuido, las detenciones se mantienen estables. “Desde antes de las elecciones de Venezuela, hemos implementado acciones de refuerzo en la macrozona norte”, indicó. Tohá también mencionó que desde enero, la presencia de las Fuerzas Armadas ha aumentado en un 78% y se están estableciendo protocolos para mejorar el control fronterizo.
Senadores de diversas regiones manifestaron la urgencia de otorgar mayores facultades a los efectivos, quienes actualmente solo pueden realizar controles de identidad. Se destacó el caso del alcalde de Colchane, Javier García, quien señaló que las cifras presentadas por la ministra no reflejan la realidad local. «Les faltan facultades a las fuerzas armadas, porque solo pueden hacer registro de identidad cuando existe un indicio de delito», enfatizó un congresista durante el debate.
La discusión también abordó la responsabilidad de Bolivia en la gestión de su frontera. Se pidió que el país vecino colabore en la reconducción de sus ciudadanos para evitar la migración clandestina. En este contexto, se mencionó un reciente ataque a un militar en la frontera, lo que subraya la creciente tensión en la zona. La estrategia del gobierno apunta a “tomar control del territorio”, reafirmando la necesidad de un enfoque más robusto para enfrentar la situación migratoria.
