La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto de ley de reajuste salarial para el sector público, que ahora pasa a segundo trámite en el Senado. La iniciativa, establece un aumento total de 4,9% para los trabajadores del sector, distribuido en tres etapas a lo largo de 2024 y 2025. Esta medida busca compensar la pérdida de poder adquisitivo e incorporar beneficios permanentes para el sector.
El reajuste contempla un incremento inicial del 3% a partir del 1 de diciembre de 2024. Posteriormente, se sumará un 1,2% desde enero de 2025 y un 0,64% a partir de junio de ese mismo año. De esta forma, el aumento total alcanzará el 4,9%. Asimismo, se incluye un aguinaldo de Navidad, con montos diferenciados según la remuneración líquida percibida en noviembre de 2024.
El proyecto beneficia a 930.918 funcionarios y a 1.833.234 personas del sector pasivo. Además, incorpora medidas como bonos de escolaridad, vacaciones e incentivos al retiro, los que ahora tendrán carácter permanente. También se contempla una asignación especial para Carabineros y un bono de invierno para jubilados, entre otros puntos destacados.
En materia de teletrabajo, se establece preferencia para funcionarios que cuiden a menores de 14 años o adolescentes con discapacidad, una medida valorada durante la discusión parlamentaria. Por otro lado, se eliminó una disposición sobre plazos de obligaciones pendientes con trabajadores del sistema municipalizado, generando debate entre los legisladores.
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, destacó que este es el tercer reajuste consensuado con la Mesa del Sector Público. “Valoramos especialmente que este proyecto incorpore beneficios permanentes como los aguinaldos y bonos, además de avanzar en justicia laboral con medidas como la regulación de la confianza legítima”, señaló durante la sesión.
La bancada republicana expresó reparos al gasto fiscal que implicará esta normativa, estimado en $357.182 millones en 2024 y más de $2.000.000 millones en 2025. Según sus miembros, la medida representa una señal negativa para el sector privado y puede ser contraproducente en un contexto económico de contracción.
Desde otras bancadas se instó a extender los beneficios a personal de la Policía de Investigaciones (PDI) y a implementar un seguro de vida para funcionarios públicos en zonas de riesgo. También se planteó la necesidad de aumentar el personal público en Ñuble y equiparar el bono de zona extrema en Palena y Chiloé.
El proyecto avanza con la expectativa de su aprobación en el Senado, mientras se mantiene la discusión sobre sus implicancias presupuestarias y su impacto en la gestión del sector público. “Es un paso importante, pero debemos seguir trabajando en los puntos pendientes, como el tema de las viudas de mártires y la regulación del teletrabajo”, concluyó Marcel.
