En un gimnasio de La Cisterna, el presidente Gabriel Boric, junto a la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, en compañía del ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, más otras autoridades presentes, realizó la promulgación de la Reforma al Código Penal y el Código Procesal Penal, con el objetivo de buscar reducir la reincidencia y mejorar la persecución de los delitos de mayor connotación social.
El ministro Cordero indicó que esta reforma al Código Procesal Penal es la “más importante que se hecho en la legislación chilena desde que se dictó el Código”.
A su vez, la ministra Tohá precisó que la Ley forma parte del fast truck legislativo propuesto por el Ejecutivo. “Va a ser fundamental en el combate contra la delincuencia y, especialmente, en el logro de una justicia que sientan las personas funciona mejor”.
¿EN QUÉ CONSISTE?
Según lo informado por la Presidencia, la ley:
● La ley introduce modificaciones al Código Penal y al Código Procesal Penal para una persecución penal más eficiente, incluyendo la ampliación de las técnicas especiales de investigación como la interceptación y grabación de comunicaciones para combatir el crimen organizado.
● La iniciativa introduce normas que consagran medidas de protección para brindar una mayor seguridad a todos los actores del sistema penal que intervengan en las causas sobre criminalidad organizada: fiscales, jueces, víctimas, testigos y agentes policiales. Además, se perfeccionan las reglas sobre producción de prueba para juicios orales complejos, con la finalidad de terminar con la dilación de la impartición de justicia en este tipo de causas.
● Incorpora reglas para la agilización de los juicios orales.
● Amplía la detención en casos de extranjeros y en casos de crimen organizado.
● Agrega un estatuto que regula la cooperación eficaz, incentivando a imputados y condenados a proporcionar información útil para desarticular asociaciones delictivas y criminales.
● Incorpora normas que regulan expresamente los tribunales de tratamiento de drogas.
● Incluye cambios en la Ley 20.000 (que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas), añadiendo a Gendarmería de Chile y a la Dirección General de Asuntos Marítimos como destinatarios de recursos decomisados.
● Limita el plazo para que los bancos entreguen los antecedentes solicitados por el Ministerio Público y regula la toma de muestras biológicas para huellas genéticas de imputados en situación irregular, previa autorización del tribunal a solicitud del Ministerio Público
