A tres meses de la transferencia de fondos, la Municipalidad de Iquique no detalla cómo se gastaron más de 454 millones de pesos del Royalty Minero. Entre sueldos, compras de alimentos para mascotas y gastos de libre disposición, crece la incertidumbre sobre la transparencia y la prioridad de los recursos.
Cuando el dinero del Royalty Minero llegó a la capital regional de Tarapacá, Iquique, muchos vecinos esperaban mejoras palpables en salud, infraestructura y mitigación de los daños ambientales provocados por la minería. Sin embargo, tres meses después, las cifras revelan un panorama que levanta más preguntas que certezas.
De los $454 millones asignados a Iquique en 2024, la municipalidad destinó $424 millones al pago de sueldos de funcionarios, mientras que $29 millones se invirtieron en alimentación para mascotas, según un informe preliminar revisado por CIPER Chile. El resto se habría destinado a gastos de libre disposición, con escasa explicación sobre criterios o planes estratégicos.
La respuesta oficial de la municipalidad es escueta: “Actuamos bajo el marco de la ley y los recursos se invierten en temas prioritarios”. Sin embargo, la declaración carece de detalles que expliquen por qué se destinó la mayor parte del dinero a sueldos en lugar de atender necesidades críticas de la comunidad, como el déficit de más de $6.000 millones que arrastra el Hospital Regional Dr. Ernesto Torres Galdames.
El seremi de Minería, Wladimiro Astudillo, indicó que los municipios tienen facultad de decisión sobre la libre disposición de los recursos, pero reconoció que estos fondos “deberían apuntar a resolver problemas directos de la ciudadanía”. En la práctica, la discrecionalidad parece exceder lo razonable: en Iquique, el dinero prometido para mitigar impactos de la minería terminó en remuneraciones y compras inesperadas, dejando a la población con más dudas que soluciones.
Incongruencias y falta de claridad en las fechas de rendición
Según la Ley del Royalty Minero, los municipios deben rendir cuentas de los recursos en marzo siguiente a su entrega, enviando informes al Congreso Nacional y a la Contraloría General de la República. Sin embargo, en Iquique la entrega y la rendición de gastos no coinciden con claridad, y no se ha publicado un detalle transparente que justifique cada partida.
Germán Pozo Sanhueza, especialista en gestión municipal, advierte:
«La situación genera un vacío de información: no hay claridad sobre qué gastos fueron realmente necesarios y cuáles son decisiones discrecionales de libre disposición. Esto afecta la confianza de la ciudadanía y el control sobre recursos que debieran priorizar la calidad de vida de los habitantes.»
El informe de CIPER recalca que la administración municipal no ha entregado explicaciones claras sobre el destino del 93% de los fondos. La falta de detalles alimenta la percepción de que la calidad de vida de los iquiqueños no es prioridad, mientras se manejan montos millonarios sin fiscalización efectiva ni criterios transparentes.
Contraste con otras comunas y preocupaciones de vecinos
En Pozo Almonte, por ejemplo, parte del Royalty Minero se destinó a la compra de alimentos para mascotas, decisión que también generó polémica. La diferencia con Iquique es que allí los gastos parecen más alineados a discrecionalidades que a necesidades comunitarias, lo que despierta la indignación de vecinos y organizaciones civiles que exigen prioridad en educación, salud y mitigación ambiental.
El senador Esteban Velásquez, coautor de la Ley del Royalty, declaró que:
«Los recursos debieran traducirse en mejoras concretas para las comunidades mineras, que sufren los efectos de la contaminación y la actividad extractiva. Gastarlos en sueldos o discrecionalidades no soluciona los problemas de fondo ni responde a la promesa inicial de la ley.»
El gran dilema: ¿dinero como motor de desarrollo o gasto discrecional?
El Royalty Minero se concibió para ser un salvavidas económico y un instrumento de justicia para las comunas afectadas por la minería. No obstante, en la práctica, en Iquique y otras localidades de Tarapacá, los recursos parecen perderse en gastos que no transforman la realidad de los vecinos.
La pregunta que surge es simple: ¿se utilizarán estos fondos como un verdadero motor de desarrollo local o continuarán destinándose a gastos que no impactan directamente en la vida de la ciudadanía? La transparencia, planificación estratégica y control externo son claves para evitar que millones prometidos como compensación por la minería terminen diluyéndose en decisiones arbitrarias y poco justificadas.
