La Comisión Asesora para Reformas Estructurales al Gasto Público propone eliminar el aporte basal garantizado al fondo que reemplazó a la Ley del Cobre. El cambio busca eficiencia fiscal, pero expertos y parlamentarios advierten un riesgo para la planificación estratégica de las Fuerzas Armadas.
El fantasma de la Ley Reservada del Cobre vuelve a rondar el debate nacional. En 2019, tras décadas de críticas a la opacidad de ese sistema —que destinaba un 10% de las ventas de Codelco a compras militares—, Chile celebró la creación del Fondo Plurianual para las Capacidades Estratégicas de la Defensa, visto entonces como un mecanismo más transparente, moderno y democrático. Sin embargo, a solo cinco años de su implementación, ese andamiaje financiero enfrenta su primera gran amenaza.
La Comisión Asesora para Reformas Estructurales al Gasto Público, dependiente del Ministerio de Hacienda, recomendó eliminar los artículos que garantizan un aporte basal mínimo al Fondo Plurianual. La idea es evitar que el Estado se endeude para transferir recursos no utilizados, lo que, según cálculos oficiales, le cuesta a Chile más de 6.600 millones de pesos anuales en intereses, una cifra que proyectada a 20 años ascendería a casi 132 mil millones.
El plan de la comisión es reemplazar el aporte automático por un “pasivo contingente”: es decir, que los recursos solo se entreguen cuando exista un gasto real y efectivo. Sobre el papel suena razonable. En la práctica, significa que las Fuerzas Armadas perderían la certeza de contar cada año con fondos asegurados para renovar submarinos, aeronaves, blindados o sistemas de defensa aérea, proyectos que requieren contratos internacionales y planificación a una o dos décadas.
La tensión entre eficiencia fiscal y seguridad estratégica
“Si se reemplazó la Ley del Cobre por otra, se esperaba que fuera igual o mejor. Con lo que está ocurriendo, surgen dudas razonables para pensar que no es así”, señala Marcelo Masalleras, investigador de AthenaLab. Para el analista, lo que está en juego no es solo un tema contable, sino la capacidad del país de sostener sus ciclos de inversión militar sin sobresaltos.
En el Congreso, la inquietud también es evidente. El diputado Andrés Jouannet, miembro de la Comisión de Defensa, acusó a la comisión asesora de desconocer la realidad operativa de las Fuerzas Armadas. “En la Macrozona Norte y en la Macrozona Sur los despliegues son permanentes. No se puede supeditar la defensa nacional a la disponibilidad fiscal del gobierno de turno. Esto requiere certezas”, advirtió.
Una historia de promesas incumplidas
La desconfianza no surge de la nada. Aunque el Fondo Plurianual fue creado en 2019, la primera transferencia de recursos recién debía realizarse en 2024. Sin embargo, el gobierno decidió postergarla hasta 2025, alimentando la percepción de que el compromiso político con la nueva ley es frágil.
Que se intente modificar la norma antes que entre en plena vigencia solo refuerza esa sospecha. “El fondo pierde su sentido si no asegura estabilidad en el flujo de recursos. Sin esa garantía, volvemos al problema original: la imprevisibilidad”, advierte Masalleras.
El telón de fondo: el presupuesto 2026
La propuesta aparece justo en la antesala de la discusión del Presupuesto 2026, en un clima de fuerte restricción fiscal. Desde el Ministerio de Hacienda, la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, aseguró que las recomendaciones de la comisión son solo una “hoja de ruta”, cuya aplicación dependerá de futuros gobiernos. Pero ese matiz no calmó las aguas: en defensa, la sola duda sobre la disponibilidad de recursos equivale a un obstáculo estratégico.
La paradoja es evidente: mientras Hacienda busca eficiencia en tiempos de déficit, las Fuerzas Armadas enfrentan gastos crecientes por su despliegue en la Macrozona Norte —marcada por la crisis migratoria y de seguridad fronteriza— y en la Macrozona Sur, escenario de tensiones con grupos armados. Y todo esto con presupuestos que, aunque han crecido, no lo han hecho al mismo ritmo que las exigencias operativas.
Una discusión que recién comienza
El dilema que plantea la propuesta es de fondo: ¿cómo conciliar la disciplina fiscal con la necesidad de mantener capacidades estratégicas de largo plazo? Para el mundo de la defensa, la respuesta es clara: sin estabilidad financiera no hay planificación posible. Para Hacienda, en cambio, es urgente cortar mecanismos que, en un contexto de déficit, suponen un alto costo para el erario nacional.
Lo cierto es que el debate no solo será técnico, sino político. Y se dará en medio de un escenario donde la seguridad interna y externa está más presente que nunca en la agenda pública.
En la balanza se enfrentan dos lógicas: la del equilibrio fiscal y la de la seguridad estratégica. Una tensión que, de no resolverse con visión de Estado, podría dejar a Chile atrapado entre la austeridad y la vulnerabilidad.
