Mientras el cuerpo de concejales exige transparencia total sobre el destino de los fondos mineros, el municipio revela que la crisis sanitaria y operativa en los asentamientos informales absorbe una parte crítica del presupuesto anual, superando los 2.000 millones de pesos.
La décima sesión ordinaria del Concejo Municipal de Alto Hospicio se convirtió en el escenario de un complejo debate técnico y político sobre la administración de los recursos provenientes del Royalty Minero. En el centro de la controversia se encuentra la tensión entre el gasto en eventos y la millonaria inversión destinada a mitigar la crisis en las tomas de terreno, un ítem que, según la administración, consume recursos que podrían ser destinados a infraestructura urbana permanente.
El cuestionamiento de fondo: ¿Royalty para emergencia o para gestión?
El debate fue impulsado por la preocupación de los concejales ante un informe de Contraloría que ponía la lupa sobre los gastos en productoras y eventos. Sin embargo, la respuesta técnica del municipio desvió el foco hacia una realidad ineludible: el mantenimiento básico de las tomas de terreno le cuesta a la comuna más de 2.000 millones de pesos al año.
Durante la sesión, se hizo hincapié en que estos fondos —que incluyen recursos del Royalty y otros aportes— se diluyen en servicios que en otras comunas están regularizados. “Solo en la entrega de agua potable y el retiro de basura en los sectores de tomas, el municipio debe desembolsar más de 2.000 millones de pesos anuales para evitar una crisis sanitaria de proporciones”, se señaló en el debate, subrayando que este gasto es «invisible» para gran parte de la opinión pública pero devastador para las arcas municipales.
Análisis de los puntos críticos del Concejo
Los concejales, liderados por voces como Gabriel Orellana y José Luis Astorga, centraron sus intervenciones en la falta de claridad en el desglose de estos montos. Los puntos más relevantes de la sesión fueron:
- La crisis de la basura: Se denunció formalmente (mediante la Providencia 3197) que el servicio de retiro de residuos en sectores como Santa Rosa de Guantajaya y Las Parinas es deficiente. A pesar de la millonaria inversión, los vecinos enfrentan focos de insalubridad debido a que las empresas concesionarias no cumplen con los horarios, especialmente tras fines de semana largos.
- Transparencia en la Ley de Royalty: El cuerpo de concejales exigió, a través de la Providencia 3214, un informe técnico detallado de todas las órdenes de compra emitidas bajo el concepto de eventos y cultura, comparándolas directamente con la inversión en asistencia social. La tesis de los ediles es que existe un desequilibrio entre el «lucimiento» de la gestión y las soluciones estructurales para quienes viven en campamentos.
- Seguridad y Conectividad: Se cuestionó que, mientras se destinan recursos a actividades masivas, sectores como el Condominio Vista Alegre sufren una oscuridad total y falta de señalética, convirtiéndose en zonas de alta peligrosidad para los trabajadores que regresan de noche.
Un presupuesto bajo presión
La administración municipal defendió su postura argumentando que el informe de Contraloría es «tendencioso» al no considerar que muchas de las contrataciones bajo el rótulo de «eventos» son en realidad operativos territoriales en las mismas tomas. “No es solo fiesta; es llevar al municipio a lugares donde no hay servicios, lo cual tiene un costo logístico altísimo que el Royalty debe cubrir ante la ausencia de otros fondos estatales”, se defendió desde la alcaldía.
Sin embargo, la cifra de los 2.000 millones de pesos destinados a «arreglos» y servicios en tomas sigue siendo el punto de mayor fricción. Los concejales advierten que el Royalty Minero debería ser una palanca de desarrollo y no un «fondo de emergencia eterno» para cubrir las falencias de la expansión habitacional descontrolada.
Conclusiones de la jornada
La sesión cerró con el compromiso de entregar un desglose pormenorizado de los gastos. La comunidad de Alto Hospicio queda a la espera de saber si el dinero de la minería seguirá destinándose a «apagar incendios» sanitarios en las tomas o si finalmente se traducirá en proyectos de urbanización que saquen a la comuna del estado de emergencia permanente.
