El caso Procultura, que mantiene en el centro de la polémica al gobernador de Santiago, Claudio Orrego, ha abierto un intenso debate sobre qué tribunal tiene la competencia de conocer la investigación, tras la solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía. La disputa no solo tiene implicancias jurídicas, sino también políticas, y ha provocado que distintas autoridades y expertos se pronuncien sobre la mejor manera de garantizar imparcialidad y transparencia.
La investigación involucra presuntos delitos de fraude al fisco y lavado de activos, relacionados con los traspasos de fondos a la ONG Procultura, dirigida por Alberto Larraín. El monto en cuestión, estimado en 6 mil millones de pesos, ha despertado la atención nacional por la relevancia de la causa y el nivel de figuras involucradas.
La detención de la jurisdicción: ¿Antofagasta o Santiago?
El epicentro del conflicto está en determinar si la causa debe quedar radicada en el Tribunal de Garantía de Antofagasta y ser revisada por la Corte de Apelaciones local, o si, por el contrario, debe trasladarse al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, como plantean algunos defensores del gobernador Orrego.
Según el diputado Andrés Longton (RN), “sería una mala señal que cualquiera pudiera elegir a dedo el tribunal donde ser juzga. Hay reglas claras procesales para evitar este tipo de artimañas”. Para Longton, la radicación en Antofagasta garantiza imparcialidad y objetividad, mientras que trasladar el caso a Santiago podría interpretarse como un intento de manipular la estrategia judicial.
Por su parte, fuentes cercanas a la defensa del gobernador sostienen que “llevar la causa a Santiago facilitaría el acceso a recursos legales y la coordinación del equipo de abogados, sin afectar la correcta aplicación de la ley”.
Antecedentes y complejidades del caso
Procultura surgió hace más de dos años y no solo involucra al gobernador Orrego, sino también a otros seis personeros en ejercicio y exautoridades de la Región de Antofagasta. La disputa por la competencia judicial se intensifica porque el convenio investigado se firmó en Antofagasta, lo que, según algunos expertos, otorga al tribunal local prioridad territorial.
El fiscal regional, Juan Castro Bekios, presentó el recurso para mantener el desafuero en la jurisdicción de Antofagasta, mientras que la defensa de Orrego argumenta que Santiago es un foro más adecuado, especialmente por la magnitud de la causa y la cantidad de imputados. La decisión final será revisada este miércoles 17 por el pleno de la Corte de Apelaciones de Antofagasta.
El senador Pedro Araya señaló que la complejidad del caso también tiene dimensiones políticas: “Lo que ocurra con la radicación de la investigación es relevante no solo desde lo jurídico, sino también porque afecta a la percepción pública sobre la transparencia del proceso. Es fundamental que no haya injerencias ni presiones externas”.
Lo político detrás de lo judicial
El debate por la competencia del caso Procultura se enmarca en un escenario donde la política y la justicia parecen entrelazarse. Varios consultados destacan que el gobernador Orrego es considerado un actor político influyente, y que su caso puede convertirse en un precedente sobre cómo se tratan los desafueros de autoridades de alto rango.
“Orrego es evidentemente una figura de peso, y es comprensible que existan presiones políticas. Sin embargo, el procedimiento debe ajustarse estrictamente a la ley, sin privilegios ni favoritismos”, comenta un abogado especialista en derecho público.
Lo que sigue
Mientras la Corte de Apelaciones de Antofagasta se prepara para revisar el recurso, la expectativa se concentra en que la decisión asegure imparcialidad y transparencia, evitando que la competencia del caso se convierta en una herramienta de estrategia política. Los expertos coinciden en que, más allá de la discusión sobre territorios judiciales, el foco debe mantenerse en la correcta aplicación de la ley y la investigación de los presuntos delitos.
El caso Procultura no solo pone a prueba los mecanismos judiciales de competencia territorial, sino también la capacidad del sistema chileno para manejar investigaciones que involucran a altos cargos políticos. La resolución que adopte la Corte de Apelaciones de Antofagasta marcará un precedente clave sobre la independencia judicial frente a influencias políticas, y será observada con atención por el mundo jurídico y la ciudadanía.
