¿Puede un fiscal investigar hoy y gobernar mañana? Esa es la pregunta que abre un nuevo proyecto de ley que pretende cerrar el paso inmediato de persecutores penales al Gobierno, instalando un freno legal a las llamadas “puertas giratorias” y reavivando el debate sobre la autonomía del Ministerio Público.
Un runrún de inquietud recorre los pasillos del Congreso, de tribunales y de la opinión pública. Ya no es apenas un murmullo en la cafetería del Parlamento ni un comentario en redes. Es una propuesta clara, concreta, un borrador de ley que apunta a cambiar para siempre la relación entre la persecución penal y el poder ejecutivo en Chile: un proyecto para que los fiscales del Ministerio Público no puedan pasar directamente a cargos del Gobierno de turno sin un espacio de “enfriamiento” que resguarde la independencia judicial.
La iniciativa, que empezará a ser formalmente presentada en los próximos días por un grupo de diputados oficialistas, llega encendida por el debate público generado tras el nombramiento de la ex fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert, como futura ministra de Seguridad del presidente electo José Antonio Kast, lo que desató críticas en sectores de la oposición y de la sociedad civil sobre la posible erosión de la independencia entre poderes del Estado.
¿De qué se trata el proyecto?
No es un detalle menor: la propuesta introduce un período de ‘enfriamiento’ o “cooling-off”, un concepto tomado de prácticas internacionales para evitar que funcionarios públicos salgan de funciones con acceso a información sensible y entren de inmediato al aparato del Ejecutivo sin espacio temporal de separación. En este caso, los promotores plantean que quede establecido legalmente que quienes hayan ejercido como fiscales no puedan asumir cargos en el Gobierno directamente, durante al menos un tiempo determinado (por ejemplo, un año). Esta pausa busca prevenir puertas giratorias, conflictos de interés o la percepción de que la Fiscalía puede ser un trampolín hacia puestos políticos.
La propuesta nace no solo de críticas puntuales, sino de una sensación más profunda: que la confianza en la independencia del Ministerio Público debe blindarse ante cargos políticos de alto perfil.
El origen del debate
El detonante fue, precisamente, el reciente anuncio de un nombramiento al interior del próximo gabinete. La crítica no vino exclusivamente de la oposición: algunos parlamentarios oficialistas también han expresado que se debe perfeccionar el marco legal de inhabilidades para altos funcionarios y evitar “sensaciones” de conflicto entre funciones de investigación y de lealtad política.
El diputado Leonardo Soto, militante socialista, ha planteado que debería establecerse un mínimo de un año entre que un fiscal renuncia y que pueda integrar un Gobierno, apuntando a preservar la objetividad institucional y evitar que su participación en causas sensibles pueda verse ensombrecida por un cargo político inmediato.
¿Por qué importa este cambio?
El Ministerio Público en Chile —organismo autónomo encargado de dirigir la investigación penal pública— ha sido diseñado para funcionar con independencia del Ejecutivo. Esta autonomía es considerada, por muchos juristas y operadores del sistema judicial, un pilar esencial para una persecución penal imparcial.
Si fiscales pueden entrar sin pausas al Gobierno, se abre la puerta a interpretaciones de que investigaciones podrían verse condicionadas por expectativas de carrera política, una percepción que algunos sectores consideran peligrosa y que, según los impulsores del proyecto, debe ser abordada ahora, cuando la agenda legislativa se renueva con el inicio del nuevo Gobierno.
¿Quiénes apoyan y quiénes critican?
El proyecto no navega en aguas tranquilas. Sus defensores, como el diputado Soto, sostienen que es una medida de transparencia y ética pública, necesaria para fortalecer la confianza ciudadana en la institucionalidad.
Sin embargo, hay voces que plantean reparos, incluso desde sectores que tradicionalmente respaldan la autonomía judicial. Algunas argumentaciones apuntan a que establecer plazos rígidos puede generar burocracia innecesaria o limitar la disponibilidad de profesionales capacitados para colaborar en roles ejecutivos por su visión técnica. Otros han expresado que esta medida podría resultar difícil de aplicar o incluso redundante si ya existen otras normas de incompatibilidades en la legislación chilena.
Un debate más amplio
Este proyecto —que aún no ha ingresado formalmente a tramitación— se suma a un contexto legislativo donde se discuten, entre otros temas, iniciativas para fortalecer el Ministerio Público mismo, crear fiscalías especializadas y reorganizar su estructura para enfrentar el crimen organizado y delitos de alta complejidad. Por ejemplo, la Fiscalía Supraterritorial ya fue incorporada a la Ley Orgánica del Ministerio Público como parte de reformas recientes para mejorar la persecución penal en casos complejos.
¿Qué sigue?
Los impulsores buscan que esta iniciativa tenga urgencia legislativa, en un esfuerzo por incluirla dentro de la agenda prioritaria del Congreso y evitar que pierda tracción en el debate político.
Mientras tanto, el proyecto ya ha encendido la discusión pública sobre la línea fina entre independencia judicial y política, un tema que seguirá resonando en los próximos meses, particularmente entre operadores de justicia, parlamentarios y organizaciones de la sociedad civil interesadas en fortalecer la transparencia institucional.
