El Gobierno de Chile presentó un proyecto de ley que establece nuevas reglas para el uso diferenciado de la fuerza en el control del orden público, con el objetivo de garantizar la seguridad tanto de la población como de las fuerzas policiales, a la vez que se respeten los derechos humanos. La iniciativa está a punto de ser votada en el Senado.
El proyecto tiene como finalidad regular la actuación de Carabineros en situaciones de manifestaciones y disturbios, estableciendo que el uso de la fuerza debe ser siempre proporcional a la amenaza presentada, priorizando métodos no violentos siempre que sea posible. Para ello, se contemplan protocolos de actuación que incluyen el uso de armas no letales y técnicas de dispersión de multitudes.
Una de las características clave del proyecto es su enfoque en la capacitación continua de los funcionarios policiales para asegurar que estén preparados para manejar estas situaciones de manera adecuada y respetuosa con los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Además, la propuesta busca una mayor transparencia en las acciones de las fuerzas del orden, incluyendo mecanismos de supervisión para evitar abusos y garantizar que las intervenciones se ajusten a los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
El proyecto ha generado debate, con algunos sectores destacando su potencial para mejorar el control del orden público de manera más humana y proporcional, mientras que otros expresan preocupación sobre su implementación y los posibles riesgos de nuevos conflictos sociales. Sin embargo, si es aprobado, este proyecto marcará un avance en la modernización de la legislación sobre el uso de la fuerza en Chile.
