La comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputadas y Diputados inició este miércoles el debate del proyecto de ley que busca establecer centros de internación para migrantes con orden de expulsión pendiente. Estos espacios, de carácter no penitenciario, estarían habilitados para alojar a los extranjeros por un período máximo de 60 días. Sin embargo, el Ejecutivo se desmarcó de la iniciativa, mientras la oposición expresó dudas sobre su financiamiento.
El proyecto fue impulsado por la bancada del PPD, liderada por la diputada Camila Musante, junto con los parlamentarios Rubén Oyarzo (Independiente) y Joanna Pérez (Demócratas). Durante la discusión, el diputado UDI Juan Manuel Fuenzalida criticó la falta de claridad respecto al costo de los centros, señalando que la propuesta «nace sin resolver un tema fundamental como es el financiamiento».
A estas críticas se sumó el diputado republicano José Carlos Meza, quien afirmó que el problema central no radica en los migrantes con orden de expulsión, sino en la falta de control en las fronteras. No obstante, la diputada Musante defendió la viabilidad del proyecto, destacando que «esta moción no involucra gasto público, ya que no busca construir nuevas infraestructuras, sino habilitar espacios existentes».
La discusión sobre este proyecto pone de relieve las diferencias políticas en torno a la crisis migratoria y su manejo, dejando en evidencia la necesidad de consensos sobre las políticas para regular la situación de los migrantes en Chile.
