Con el nuevo pronunciamiento de la Contraloría General de la República, la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Iquique se encuentra en entre la espada y la pared, luego de que dicho organismo fiscalizador determinó que la DOM emitió de manera irregular los certificados de informaciones previas y permisos de edificación de proyectos en la comuna de Iquique, puesto que no se consideró incluir las áreas de riesgo de inundación que solventa el Plan Regulador Intercomunal Costero que se encuentra vigente desde el año 2022.
Esta situación vulnera la Ley General de Urbanismo, por lo que la Dirección de obras municipales, a cargo de Sergio García, quien deberá comenzar a corregir e invalidad los permisos otorgados y que no consideren las zonas de riesgo.
García, explicó que “fue una sorpresa. Un proceso de invalidación de permisos es un tema bien delicado y bastante complejo. Estamos actualmente revisando todos los permisos que se dieron en ese período, que son 116 aproximadamente”, detalló en una entrevista con el Diario Financiero.
Durante la entrevista al medio nacional, García detalló que, a mediados del 2022, cuando comienza a regir el nuevo plan regulador intercomunal realizaron la consulta a Contraloría en relación a la densidad y áreas de riesgo. “Durante todo ese período no incluimos las áreas de riesgo en los permisos y cuando en 2023, Contraloría se pronuncia, indicó que efectivamente el Ministerio (de Vivienda) debía precisar las áreas de riesgo, pero agregó que nosotros teníamos que haber comenzado con esa fiscalización desde su puesta en marcha, por eso se creó el vacío”.
Además, explicó que desde el 2023, la municipalidad comenzó con el cobro de riesgo para todos y que más que un error humano, es un error de la normativa por su falta de claridad e incertidumbre creada.
Cabe destacar que la DOM está obligada a dar cumplimiento del fallo, donde cerca de 60 permisos de obra podrían entrar en un proceso de invalidación.
En cuanto a las soluciones, Sergio García explicó que desde el Ministerio se está intentando generar una modificación a la Ley General para plantear las recomendaciones y diseño estructural de los proyectos para mejorar la situación.
Para finalizar, en su entrevista explicó que el municipio tiene hasta fines de enero para pronunciarse, evaluar el número de permisos que están involucrados para luego iniciar el proceso que incluye hacer la bajada de información con cada propietario.
*Información sustraída desde Diario Financiero.
