PRISIÓN PREVENTIVA PARA SEIS COLOMBIANOS SOSPECHOSOS DEL ASESINATO DEL CANDIDATO PRESIDENCIAL DE ECUADOR
Un juez ecuatoriano ordenó la prisión preventiva contra los seis colombianos considerados sospechosos de ser los autores materiales del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, tiroteado a la salida de un mitin el miércoles en Quito.
El magistrado dictó el encarcelamiento de los imputados con base en los elementos de convicción presentados por la Fiscalía durante la audiencia de formulación de cargos, según detalló el propio Ministerio Público a través de sus canales oficiales.
El periodo de instrucción fiscal fijado por el juez será de 30 días en esta etapa del proceso penal contra Andrés M. José L., Adey G., Camilo R., Jules C. y John R.
DETENIDOS
Los seis hombres fueron detenidos por la Policía pocas horas después del atentado contra Villavicencio, en una serie de allanamientos realizados en viviendas de dos barrios de la capital ecuatoriana, donde también hallaron diversas armas de fuego, incluidos un fusil, una subametralladora, cuatro pistolas y tres granadas.
De acuerdo con las autoridades, también era colombiano un séptimo hombre que falleció después de resultar herido durante el intercambio de disparos que sostuvieron los atacantes con el personal de seguridad que resguardaba a Villavicencio.
El caso contará con el apoyo del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos, a través de una delegación que viajará a Ecuador a solicitud del presidente Guillermo Lasso, luego de que el gobierno estadounidense le ofreciera «asistencia investigativa urgente».
El crimen de Villavicencio ha sumido a Ecuador en una profunda consternación, al producirse a apenas 11 días de la celebración de las elecciones generales extraordinarias, donde el periodista y exasambleísta era uno de los ocho inscritos para suceder a Lasso en el sillón presidencial.
El Consejo Nacional Electoral decidió que los comicios igualmente se realicen el 20 de agosto, aunque se celebrarán en medio de un estado de excepción declarado por el gobierno por 60 días en todo el país luego del asesinato.
