El viaje Iquique–Calama casi se convierte en escenario de una emergencia mayor: Aduanas encontró una granada de gas lacrimógeno tras el asiento de un pasajero, hoy en prisión preventiva mientras avanzan las diligencias.
El desierto ya estaba despierto cuando la justicia tomó una decisión tajante: prisión preventiva para el hombre que trasladaba una granada oculta en un bus interprovincial. Un caso que, más que un procedimiento policial, parece sacado de una crónica de las rutas clandestinas del norte. El episodio ocurrió en la avanzada aduanera de Quillagua, donde un ciudadano boliviano fue sorprendido con un artefacto bélico que, de haberse manipulado mal, pudo haber convertido un viaje común en una tragedia inimaginable.
El 12 de noviembre, la rutina del control fiscalizador se quebró como un vidrio bajo presión. Funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas subieron al bus que cubría el trayecto Iquique–Calama, revisando equipajes con la precisión de quien sabe que cualquier detalle puede alterar la historia. Y lo alteró. Detrás del asiento del imputado, una bolsa de apariencia inofensiva guardaba una granada de mano de fabricación estadounidense, diseñada para liberar gas lacrimógeno: un artefacto cuya presencia en un transporte público resulta tan peligrosa como incomprensible.
La fiscal jefe del Tamarugal, Karem Gómez, expuso durante la audiencia que el imputado, identificado como R.I.C.L., habría ingresado el explosivo por pasos no habilitados con fines de comercialización. Una combinación explosiva —literal y metafóricamente— que llevó al GOPE de Carabineros a intervenir de inmediato para periciar el dispositivo y asegurar la zona.
El preinforme técnico fue contundente: transportar, almacenar o manipular una “granada de mano tipo bola de goma CS Humo” sin conocimiento especializado implica un riesgo altísimo tanto para el portador como para cualquier persona cercana.
La Fiscalía incorporó además antecedentes extraídos del teléfono incautado al detenido, junto con su propia declaración, elementos que reforzaron la tesis de tráfico de armas de uso bélico. Con ese conjunto de pruebas, el tribunal resolvió que el hombre debía quedar privado de libertad mientras avanza la indagatoria. El plazo de investigación se fijó en 60 días.
Así, un bus que solo buscaba cruzar la pampa terminó convertido en escenario de un operativo que reveló una amenaza silenciosa viajando entre pasajeros distraídos. Una historia que recuerda —con crudeza— que incluso el trayecto más rutinario puede esconder algo a punto de estallar.
🟢 IMPORTANTE ACLARACIÓN:
De acuerdo con el principio de presunción de inocencia, toda persona acusada de un delito debe ser considerada inocente mientras no exista una sentencia judicial firme que determine su culpabilidad.
Esta nota aborda un proceso aún en desarrollo y no pretende prejuzgar los hechos ni el resultado final de las investigaciones.
