Dos funcionarios del Ministerio de Educación (Mineduc) fueron formalizados y permanecen en prisión preventiva tras ser acusados de liderar un esquema de corrupción que les permitió acumular más de $360 millones en tres años mediante la venta de certificados escolares falsos a clientes, principalmente extranjeros, que buscaban cumplir requisitos educativos para obtener licencias de conducir en Chile.
Según la investigación judicial, la operación estuvo encabezada por Rodrigo Morales Pereira, funcionario de la Unidad de Ayuda del Mineduc, junto a su pareja y también empleada estatal, Constanza Garín. Ambos habrían manipulado los sistemas internos del ministerio para generar más de 5.500 certificados de estudios falsos, modificando años de escolaridad, calificaciones y otros datos requeridos por la ley.
El origen del esquema se vincula a una organización criminal en la Dirección de Tránsito de Requínoa, que ya operaba ofreciendo soluciones ilegales a extranjeros sin estudios convalidados. Morales y Garín crearon su propia red, con estructura jerárquica definida, y se aliaron con tres captadores en terreno —Joshua Zúñiga, Niober Martínez y Roger Duarte— para reclutar clientes y cobrar los pagos. Los captadores, encargados de la recaudación, enviaron millones de pesos a las cuentas de los funcionarios: más de $118 millones de Zúñiga, $203 millones de Martínez y casi $38 millones de Duarte, alcanzando en total los $360 millones acumulados ilícitamente.
Parte de estas ganancias se lavaron mediante la adquisición de bienes, incluyendo una casa de $110 millones y un vehículo Peugeot 2008, además de depósitos en cuentas bancarias para disimular el origen del dinero. Morales transfirió a Garín más de $207 millones en 202 operaciones entre 2019 y 2022.
De los 5.500 certificados falsos emitidos, 1.069 fueron utilizados para obtener licencias de conducir en la región de O’Higgins, incluyendo permisos especiales y profesionales.
La subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, informó que el ministerio fue quien denunció los hechos, implementando medidas preventivas inmediatas: cambios en accesos a las plataformas de certificación, contraseñas más robustas, trazabilidad de documentos y separación de funciones, además de inhabilitar certificados sin respaldo y suspender a los funcionarios implicados.
Los delitos por los cuales fueron formalizados incluyen falsificación de instrumento público, cohecho agravado y lavado de activos. El caso sigue en curso, con sumarios internos y auditorías confirmando las irregularidades. Se recuerda que los imputados son considerados inocentes hasta que la Justicia dicte sentencia.
Este escándalo evidencia la vulnerabilidad de los sistemas administrativos del Mineduc y la necesidad de controles más estrictos para prevenir la corrupción y el uso indebido de documentos oficiales, especialmente en procesos que involucran a ciudadanos extranjeros.
