A tempranas horas de este viernes, 16 ciudadanos de nacionalidad venezolana fueron expulsadas en un avión chárter, el que despegó desde el Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Pudahuel con destino a la capital de Venezuela, Caracas.
Los individuos habían cometido delitos en Chile relativos a robo con intimidación, robo con violencia, robo en lugar habitado, además de otras infracciones de la Ley 20 mil, e ingreso irregular por pasos no habilitados.
Cabe señalar que, 10 de ellos corresponden a expulsiones administrativas y 6 a expulsiones judiciales.
«Gracias a un trabajo en conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores y las gestiones diplomáticas que se han realizado con Venezuela, se obtuvo la autorización para concretar el vuelo chárter y, en adelante, se continuarán materializando expulsiones a ese país», aseguró el Servicio Nacional de Migraciones.
«Este año SERMIG ha iniciado 7.433 procesos de expulsión, y ha decretado 1.183 órdenes de expulsión administrativa. Durante 2023, a la fecha, incluido este vuelo chárter, se han materializado 920 expulsiones: 326 administrativas y 594 judiciales», señalan.
De acuerdo al marco legal vigente y la Política Nacional de Migración y Extranjería, el Servicio Nacional de Migraciones es el encargado de dictar las expulsiones administrativas y de la logística para materializarlas.
Estas expulsiones son un trabajo coordinado con la Policía de Investigaciones (PDI), que es el organismo encargado de ubicar y detener a las personas para materializar la expulsión, ya sea por vía aérea o terrestre, y escoltar a las personas a sus países de origen.
«Además de las expulsiones, el Gobierno trabaja en implementar medidas preventivas para fortalecer la seguridad pública de la ciudadanía. Entre ellas, reforzar el control de nuestras fronteras y el proceso de empadronamiento de las personas que ingresaron por pasos no habilitados», sentenció el servicio.
