El Presidente Gabriel Boric reafirmó su respaldo a los indultos concedidos a fines de 2022 a personas condenadas por delitos cometidos durante el estallido social y al exintegrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, Jorge Mateluna. En una entrevista televisiva, el mandatario sostuvo que la medida respondió a un compromiso asumido previamente y recalcó que no se arrepiente de haberla concretado.
No obstante, Boric reconoció que el proceso presentó una falla grave en el caso de Luis Castillo Opazo, quien —según explicó— no debía haber sido incluido en la nómina final. El jefe de Estado atribuyó esa situación a una desprolijidad inaceptable en el procedimiento administrativo y subrayó que por ese error se asumieron responsabilidades políticas, lo que derivó en la salida de la entonces ministra de Justicia, Marcela Ríos, y del exjefe de gabinete presidencial, Matías Meza-Lopehandía.
Castillo Opazo había sido indultado pese a contar con condenas previas al estallido social y, tras recibir el beneficio, volvió a ser detenido y condenado en 2023 por delitos de robo con violencia y manejo bajo la influencia de drogas en Copiapó. Boric insistió en que ese nombre no estaba dentro de los autorizados por él y aclaró que la firma del indulto es una atribución delegada al Ministerio de Justicia.
LOS INDULTADOS DEFENDIDOS POR EL PRESIDENTE
El Presidente respaldó el indulto al exfrentista Jorge Mateluna Rojas, así como a Juan Bastián Olguín Rivera, Francisco Hernández Riquelme, Cristián Cayupán Queupil, Alejandro Carvajal Gutiérrez, Matías Rojas Marambio, Sebastián Montenegro Coo, Bastián Campos Gaete, Jordano Santander Riquelme, Claudio Romero Domínguez, Felipe Santana Torres y Brandon Rojas Cornejo, todos condenados por distintos delitos cometidos en el contexto del estallido social de 2019.
Más allá del caso de Castillo, el mandatario defendió la decisión de mantener los indultos, pese a que varios de los beneficiados habían sido condenados por incendios, lanzamiento de artefactos incendiarios, ataques a infraestructura pública y agresiones a funcionarios policiales, incluso cuando los tribunales de conducta de las cárceles recomendaron no otorgar el beneficio.
Boric explicó que, al evaluar estos perdones, no siempre se exigía la inexistencia de antecedentes penales previos, ya que el análisis dependía del tipo de delito y del contexto. Reconoció que la determinación implicó costos políticos, pero afirmó que decidió conscientemente sostenerla como una definición de su gobierno.
Las declaraciones reabrieron el debate público sobre el uso de la atribución presidencial del indulto y marcaron un distanciamiento con la práctica de administraciones anteriores, al explicitar responsabilidades administrativas sin retirar el respaldo a la decisión política de fondo.
