El Gobierno del presidente Gabriel Boric informó este martes que los ministerios de Interior y Justicia comenzaron a elaborar un reglamento para habilitar la Ley de Seguridad Privada; iniciativa que fue aprobada hace dos semanas y que establece un plazo de un año para entrar en vigor.
Sin embargo, tras el incidente ocurrido en la feria Lo Valledor -que dejó a tres personas baleadas, entre ellas un vigilante priado-, el mandatario ordenó que dicho reglamento debe estar disponible en un plazo de tres meses para agilizar la entrada en vigencia de la ley.
Cabe señalar que la normativa contiene 124 artículos, en los que destaca la especialización de los guardias de seguridad, la actualización de los criterios para definir las entidades obligadas a tener medidas de seguridad, la modernización de los procesos de certificación de guardias y vigilantes privados, entre otros.
El objetivo principal es contar con un sistema de control más ágil para fiscalizar los servicios de seguridad privada, pero también que existan capacitaciones más exigentes para los guardias y vigilantes que entreguen dichos servicios.
«La regulación, el paso que nos permite dar el reglamento que, en la especifidad de la ley, sí va a establecer criterios más exigentes. Efectivamente, si la ley hubiese estado en funcionamiento, y si es que se hubiesen detectado una u otras irregularidades (en el caso de Lo Valledor), las multas podrían partir en su techo más alto», explicó el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara.
En caso de que se detecten irregularidades respecto a la capacitación y formación de guardias privados, la ley contempla multas de hasta 800 millones de pesos.
