Por separado, el senador Juan Ignacio Latorre y el diputado Luis Cuello ingresaron proyectos de ley que buscan establecer un Royalty Portuario en los terminales marítimos de Chile.
Ambas iniciativas apuntan a que las comunas portuarias reciban una retribución económica por su rol en esta industria, con el objetivo de potenciar el desarrollo territorial y disminuir las desigualdades entre las zonas productoras y aquellas que reciben los impactos derivados de la actividad portuaria.
Aunque comparten un propósito similar, las propuestas presentan diferencias. El proyecto del senador Latorre, que contempla seis artículos, plantea en su borrador que “se establece un impuesto denominado Royalty Portuario, que funcionará como un mecanismo de compensación económica por parte de los usuarios finales de los puertos marítimos y terrestres nacionales, públicos o privados, en función del uso del espacio del borde costero, entendido como una zona limitada y estratégica, dedicada a la actividad portuaria”.
El texto detalla que el pago del Royalty Portuario recaerá sobre importadores y exportadores, en función del valor de la carga movilizada. La propuesta establece un sistema único de cobro: una tarifa de 2 dólares por tonelada transportada.
Además, el proyecto asigna al Servicio de Impuestos Internos (SII) la responsabilidad de recaudar y fiscalizar este tributo, facultándolo para emitir instrucciones conforme al artículo 6 del Código Tributario.
Los recursos obtenidos serán destinados al Fondo Nacional de Desarrollo de Ciudades Portuarias, cuya distribución está detallada en el artículo 5 del mismo proyecto. También se establece que el componente ad valorem deberá ser pagado en toda transacción comercial que haga uso de puertos nacionales, ya sean públicos o privados.
Por su parte, la propuesta del diputado Luis Cuello, estructurada en tres artículos, establece una compensación económica en favor del Estado, equivalente a un dólar por tonelada transferida en los terminales marítimos. Este monto deberá ser pagado por las empresas navieras de transporte de carga que utilicen dichas instalaciones.
La iniciativa establece que el 50 % de los recursos recaudados ingresará al presupuesto de las comunas donde se emplazan los terminales, mientras que el otro 50 % será destinado a los respectivos Gobiernos Regionales.
En su artículo 2, el proyecto precisa que los fondos serán utilizados para financiar proyectos de infraestructura en áreas como salud, educación, transporte, patrimonio y otras obras de desarrollo comunal o regional.
Asimismo, la propuesta contempla una implementación progresiva del cobro: durante el primer año de vigencia, la compensación será de 33 centavos de dólar por tonelada; en el segundo año, aumentará a 66 centavos, y a partir del tercero, se aplicará el monto completo establecido en el artículo 1.
Ambos proyectos legislativos responden a una demanda de larga data por parte de municipios de ciudades con actividad portuaria, los cuales buscan que parte de los ingresos generados por los puertos quede en las comunas donde operan, como una forma de compensación y fomento al desarrollo territorial.
