Prácticamente la totalidad de los partidos de oposición formalizaron este miércoles su decisión de presentar una Acusación Constitucional (AC) en contra del exministro de Energía, Diego Pardow, a raíz del grave error en el cobro de tarifas eléctricas que afectó a millones de hogares.
En un inusual gesto de unidad, la acción fue confirmada mediante una declaración pública conjunta firmada por las bancadas de la UDI, RN, Evópoli, Republicanos, Nacional Libertarios, Demócratas, Amarillos y el Partido Social Cristiano (PSC).
En el marco de los cobros indebidos en las tarifas de electricidad, la oposición responsabiliza directamente a Pardow y al Gobierno del presidente Gabriel Boric por lo que califican de una “actuación absolutamente negligente y deficiente”.
Según el comunicado, el «alza injustificada y desproporcionada» en las cuentas de la luz se originó por la «falta de control y supervisión» del exministro y las autoridades competentes. Señalaron que el cobro inexacto “no fue un hecho fortuito, sino el resultado de una prolongada omisión”.
Uno de los puntos más críticos de la acusación es que el Ejecutivo supuestamente habría tenido conocimiento del error hace más de un año, tras una autodenuncia presentada por la empresa Transelec.
Los parlamentarios acusan que esta información se habría mantenido en reserva “con el propósito de eludir responsabilidades políticas y evitar impactos electorales” para el oficialismo, lo que no solo constituiría una falta de diligencia, sino una «vulneración directa de los deberes constitucionales» de un ministro de Estado.
SOLICITUD DE RESTITUCIÓN Y RESPUESTA DEL GOBIERNO
Las bancadas opositoras confirmaron que la AC será presentada «en el más breve plazo posible» para que el exministro «asuma la responsabilidad política que le corresponde». Además, exigieron al Gobierno la inmediata implementación de mecanismos de restitución para que los consumidores recuperen los montos cobrados en exceso.
En contraste, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, previamente había descartado la Acusación Constitucional contra Pardow, señalando que «carece de mérito» y criticando que esta acción solo distraería al Congreso de tareas legislativas importantes como la Ley de Presupuesto.
