La Corte de Apelaciones de Arica, este viernes rechazó el recurso de apelación presentado por la defensa de tres imputados por el Ministerio Público como autores de los delitos consumados de tráfico de migrantes agravado y de asociación criminal perpetrados el año pasado en la ciudad, confirmando su prisión preventiva.
En un fallo unánime la Segunda Sala del Tribunal de Alzada, ratificó la resolución recurrida, dictada por el Juzgado de Garantía de Arica, al definir que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.
En ese sentido el organismo detalló en la audiencia de formalización que hechos perpetrados el año pasado en la ciudad de Arica, y atendiendo a los antecedentes, los dos primeros imputados “se dan por establecidos en el presente caso, teniendo en cuenta los antecedentes aportados por el ente persecutorio de la acción penal en la audiencia, que dieron cuenta de la estructura funcional implementada por los imputados”.
En relación con ello, “para el desarrollo de la actividad ilícita, que tenía por objeto el traslado de inmigrantes a la zona sur del país, de lo cual existiría evidencia video grabada y gráfica, como asimismo escuchas telefónicas”.
Debido a esos antecedentes, el tribunal de alzada “estima que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, habida consideración a la gravedad de la pena asignada a los hechos punibles imputados y el haber actuado en grupo o pandilla, se confirma la resolución de 28 de agosto de 2025, en que se decretó la prisión preventiva de los tres imputados”.
De este modo en la audiencia de formalización, el Ministerio Público dio cuenta que, en diversos periodos del año pasado, una organización criminal transnacional dedicada al tráfico ilícito de migrantes y “para ello captaba extranjeros en la ciudad peruana de Tacna, a quienes les cobraban una determinada cantidad de dólares para conducirlos hasta la ciudad de Arica, donde abordarían buses con dirección al sur del país”.
Junto con ello, y “durante los meses de julio, agosto y octubre del año pasado, ingresaban grupos de extranjeros, adultos y menores de edad, de nacionalidad colombiana, ecuatoriana y dominicana”.
La estructura criminal establecía que algunos imputados ingresaban a los extranjeros por la frontera previo pago de dinero, mientras que otros se encargaban de transportar las maletas y bolsos, acción por la cual también cobraban dinero extra. Una de las víctimas que carecía de dinero tuvo que ofrecer relaciones sexuales para pagar el dinero que cobraba la organización criminal para el traslado de ella y sus hijos.
Finalmente, se estableció que los extranjeros eran conducidos a hostales ubicadas en el pasaje 15 de la población Juan Noé, donde pernoctaban y al día siguiente eran transportados en bus, los que eran interceptados por la policía en el control de Cuya.
