Pese al actual «boom» en el precio del metal rojo, el Ministerio de Hacienda aclaró que los recursos destinados a las regiones mineras son montos fijos por ley. En el norte, la preocupación crece no solo por el financiamiento, sino por la falta de transparencia: el 44% de los municipios aún no reporta en qué gasta estos fondos.
El reciente incremento en el valor internacional del cobre ha generado expectativas en las zonas mineras del país. Sin embargo, un informe del Ministerio de Hacienda ha puesto un balde de agua fría a las proyecciones locales: si el precio del metal sube, las regiones como Tarapacá, Antofagasta y Atacama no recibirán un peso extra de manera automática. Esto se debe a que la Ley N°21.591 desvincula los fondos regionales de las fluctuaciones del mercado en tiempo real.
Montos estables vs. Bonanza central
Mientras el Fisco central se beneficia directamente de un ciclo de precios altos —pudiendo recaudar hasta US $4.500 millones adicionales—, las regiones dependen del Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo, el cual tiene un presupuesto definido en Unidades Tributarias Anuales (UTA). En términos simples, el aporte regional es un monto establecido por ley que no crece aunque el cobre alcance máximos históricos.
Crisis de transparencia en los municipios del norte
El debate en la Macrozona Norte ha pasado de la cantidad de recursos a la calidad del gasto. Según datos de la Contraloría General de la República actualizados a septiembre de 2025, el panorama es alarmante:
- Falta de reporte: El 44% de los municipios (134 de 307) que reciben recursos del Royalty no han cumplido con informar su uso a la Subdere.
- Gasto en «Burocracia»: Un informe del Consejo para la Transparencia revela que solo el 37% de los fondos se destina a proyectos de inversión real. El resto se diluye en bienes de consumo (23%), transferencias y un 8% directamente al pago de personal.
El incumplimiento del «Espíritu de la Ley»
Álvaro Merino, director ejecutivo de Núcleo Minero, sostiene que no se está cumpliendo el objetivo primordial de la ley: compensar las externalidades negativas de la minería en comunas como Iquique, Pozo Almonte o Pica. Al usarse el dinero para gasto corriente y no para infraestructura o desarrollo productivo, la brecha de desigualdad en las regiones extractivas corre el riesgo de perpetuarse.
Para los habitantes de Tarapacá y Arica, el desafío ahora recae en la fiscalización ciudadana, exigiendo que el «sueldo de Chile» se traduzca en obras tangibles y no solo en balances administrativos sin reportar.
