El proyecto de Presupuesto 2026 presentado por el Gobierno sigue generando controversia, especialmente por la incorporación de 151 millones de pesos destinados a la futura dieta del Presidente Gabriel Boric, una vez concluya su mandato en marzo del próximo año.
Ante las críticas de la oposición, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, explicó que la medida responde a una obligación constitucional y no a una decisión discrecional del Ejecutivo.
“La fijación de las dietas de los expresidentes es un mandato constitucional. Aquí no hay ninguna innovación; lo que hace la ley es aplicar esa norma para todos, sin distinción”, precisó Vallejo en entrevista con Meganoticias.
El ítem forma parte de una partida global que destina cerca de 830 millones de pesos para todos los exmandatarios. Sin embargo, desde sectores opositores, como el diputado Andrés Longton (RN), se ha planteado incluso la posibilidad de rechazar el proyecto completo si no se modifica este punto.
Desde el oficialismo, en tanto, hubo respaldo. El diputado Eric Aedo (DC) calificó el debate como “una picantería política”, señalando que “la dieta de los expresidentes no puede ponerse en cuestión porque forma parte del respeto institucional”.
CRÍTICAS AL MANEJO PRESUPUESTARIO EN SEGURIDAD Y EDUCACIÓN
El proyecto también ha sido cuestionado por los recortes en seguridad y programas educativos.
En materia de seguridad, se observa una reducción del 31,7% en el plan contra el crimen organizado, junto a ajustes que afectan los fondos destinados a las cárceles, pese a un aumento marginal de 0,8% para Gendarmería.
El presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara, Cristián Araya (Republicanos), criticó el enfoque del Ejecutivo, señalando que, «va en contra del sentido común debilitar la lucha contra el crimen organizado. Necesitamos reforzar Gendarmería y las políticas de control penitenciario, no reducirlas”.
Por su parte, el diputado Jaime Araya (PPD-independiente) apuntó a la urgencia de redirigir recursos hacia los centros penitenciarios, señalando que “el crimen organizado avanza desde las cárceles, y ahí es donde se debe invertir con decisión”.
En el ámbito educativo, los cuestionamientos se han centrado en la falta de recursos para enfrentar la deserción escolar, a pesar del aumento del gasto en educación superior. El director ejecutivo de Acción Educar, Daniel Rodríguez, señaló que “la señal que entrega este presupuesto es clara: el gobierno prioriza su salida por sobre las necesidades del sistema escolar”.
Mientras el debate continúa en el Congreso, el Gobierno ha reiterado que el Presupuesto 2026 busca mantener la responsabilidad fiscal y fortalecer áreas prioritarias, aunque las diferencias políticas anticipan una discusión intensa en las próximas semanas.
