Tras una investigación desarrollada por la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI) de la Fiscalía Regional de Tarapacá, en conjunto con la Brigada Antinarcóticos de la PDI, donde se presentó la prueba en el juicio oral, el Ministerio Público obtuvo condenas que suman más de 90 años de presidio efectivo en contra una asociación ilícita que se dedicaba al tráfico de drogas y lavado de activos a través de la utilización como fachada de diversas empresas de transporte.
Es así como en el juicio oral, el fiscal (s) Daniel Juacida, logró establecer que entre agosto de 2022 y junio de 2023, los acusados Carlos Eduardo Matamba Merizalde (ecuatoriano), Luis Eduardo Gómez Aguirre (colombiano), Jonathan Moncada Maya (colombiano), liderados por el también colombiano Ricardo Andrés Quiñones Castañeda, establecieron una asociación ilícita para realizar delitos enfocados en el tráfico de drogas y lavado de activos.
Según indicó el fiscal, las personas identificas utilizaron distintas empresas dedicadas al transporte de carga por carretera y servicios de fletes para utilizarlas como fachada, usando ese medio para trasladas grandes cantidades de droga desde el norte de Chile hacia la zona centro, a través de vehículos de alto tonelaje adaptados para ocultar dichas sustancias.
Investigación
Según detalles entregados por la Fiscalía de Tarapacá, se lograron acreditar, durante el juicio que duró dos semanas, al menos cuatro traslados, totalizando un total de una tonelada de droga, en las que se encontraban: clorhidrato de cocaína, pasta base de cocaína y marihuana.
En cuanto a los envíos, se acreditó que también se crearon a lo menos tres sociedades pantalla vinculadas al rubro del transporte, las que efectuaron múltiples operaciones de lavado de dinero para esconder el ilícito que realizaban.
Dentro de los antecedentes acreditados, se estableció, que se adquirieron diversos camiones, semirremolques, tractocamiones, camionetas y vehículos. Junto con ello, el juicio contó con la declaración de funcionarios aprehensores de la PDI. Además de la muestra de pruebas como intervención de teléfonos, análisis y peritajes realizados por la Brigada Antinarcóticos de Iquique.
Otro de los medios probatorios utilizados por la fiscalía fue el análisis tributario, lo que terminó por confirmar el delito de lavado de activos a través de las sociedades fachada, por el ingreso elevado sin justificación legal.
De este modo el tribunal condenó a los cuatro acusados por los delitos de tráfico de drogas, asociación ilícita para traficar, lavado de activos y porte de arma prohibida. Ricardo Quiñones fue condenado a 27 años de presidio efectivo, mientras que Carlos Matamba, Luis Gómez y Jonathan Moncada fueron condenados cada uno a 22 años de presidio, sumando en total 93 años de cárcel.
