El proyecto de resolución busca que el Presidente de la República revoque los beneficios económicos a 418 personas acreditadas por el INDH. Mientras los diputados oficialistas y de oposición de la región marcaron posturas disímiles entre la aprobación y la abstención, la iniciativa escaló en medio de un quiebre político y duras críticas por beneficiarios con antecedentes penales.
Un crucial y tensionado debate legislativo se tomó la Sala de la Cámara de Diputados de Chile, donde se aprobó un proyecto de resolución que solicita formalmente al Ejecutivo la revocación de las pensiones de gracia otorgadas en el contexto del estallido social. La medida introduce una fuerte presión política al palacio de La Moneda para revisar detalladamente los beneficios de reparación económica que, hasta la fecha, han significado un desembolso estatal total de más de $7.009 millones de pesos.
La votación de este proyecto no dejó indiferente a la Región de Tarapacá, cuyos representantes en el Parlamento mostraron sus diferencias frente al destino de estos fondos públicos. Durante la jornada, la diputada Ximena Naranjo aprobó la iniciativa, sumando su voto a la postura de suspender los polémicos pagos. En la misma línea de la centroderecha, el diputado Álvaro Jofré aprobó de manera decidida el texto, argumentando la necesidad de resguardar los recursos fiscales. En contraste, el diputado oficialista Carlos Carvajal optó por la abstención, reflejando las complejidades y el debate de derechos humanos que cruza a las coaliciones de gobierno.
Un quiebre oficialista por antecedentes penales y montos millonarios
El proyecto aprobado busca poner bajo la lupa a un universo de 418 personas que recibieron pensiones de gracia como medida de reparación. Estos aportes estatales fueron diseñados originalmente para aquellos ciudadanos que sufrieron lesiones de extrema gravedad, tales como trauma ocular, violencia sexual, secuelas físicas severas y discapacidad permanente. Los montos asignados de forma mensual oscilan entre los $180.000 y los $257.000, dependiendo exclusivamente del nivel de afectación de cada beneficiario.
Sin embargo, la discusión sumó un ambiente de profunda tensión política debido a los constantes cuestionamientos y denuncias sobre la entrega de estos dineros a personas que registran antecedentes penales por delitos graves cometidos durante las mismas manifestaciones. Esta situación generó un evidente quiebre en las bancadas del oficialismo, donde algunos sectores decidieron votar en contra o abstenerse, debilitando la postura del Gobierno y visibilizando el complejo dilema entre la justicia social, la reparación de los derechos fundamentales y la seguridad pública.
Modificaciones legales: ¿Fin a las pensiones por mejoría física?
La base legal que dio vida a estos polémicos aportes se remonta a la glosa 12 de la Ley de Presupuesto del año 2022, bajo certificaciones emitidas directamente por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). No obstante, el escenario normativo actual busca dar un vuelco total a los criterios de permanencia económica implementados en los últimos años.
El proyecto de resolución aprobado establece con claridad que los beneficios concedidos desde el año 2021 podrán ser revocados de manera inmediata si se detecta una mejora física comprobable en aquellos beneficiarios que originalmente ingresaron al sistema con diagnósticos de lesiones leves. Con el respaldo mayoritario de la Cámara baja, la pelota queda ahora en la cancha del Mandatario, quien deberá definir el futuro de este millonario programa de reparación bajo la estricta vigilancia de los parlamentarios del norte del país.
