Los apoderados del Colegio Samca Arumanti de Iquique han emitido una carta abierta dirigida a la comunidad y autoridades locales, expresando su profunda preocupación por las condiciones en que se desarrollan las clases de sus hijos.
Según la misiva, las instalaciones presentan graves problemas de infraestructura y salubridad, incluyendo deterioro físico con caída de hormigón desde los techos de las salas de clases y presencia de plagas y bichos que caen desde el cielo raso.
Además, los baños carecen de confort y útiles de aseo, y existen restricciones arbitrarias para que los estudiantes puedan utilizar los servicios higiénicos. La situación se agrava por la negativa sistemática a permitir el ingreso de apoderados para verificar el estado de las instalaciones y la falta de transparencia en la comunicación.
Los padres sostienen que estas condiciones vulneran gravemente los derechos de los niños, niñas y adolescentes, establecidos en la legislación chilena y tratados internacionales, como la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley General de Educación.
Por ello, solicitan una fiscalización urgente e in situ por parte de la SEREMI de Educación y la Superintendencia de Educación, así como un informe público y detallado sobre el estado de la infraestructura del establecimiento.
Asimismo, piden que se garantice el ingreso de representantes de los apoderados para constatar las condiciones reales del colegio y que se implementen medidas inmediatas para resguardar la salud e integridad física y psicológica de los estudiantes. Los padres también solicitan una reunión presencial con autoridades del colegio, sostenedor y representantes de los apoderados, con carácter urgente.
LUIS MILLA, CONSEJERO DEL GOBIERNO REGIONAL DE TARAPACÁ
El Consejero Regional Luis Milla Ramírez, quien se suma a la denuncia, aclaró que su participación se realiza en su calidad de ciudadano, más que en su rol oficial como consejero regional, ya que los fondos involucrados provienen del Estado y no del GORE.
«Las funciones del consejero regional son respecto de los recursos de la región, de los fondos FNDR… pero acá no hay platas del GORE, acá hay platas del Estado, que es la subvención que entrega el Estado», destacó.
Por lo tanto, hizo un llamado a la SEREMI de Educación y la Superintendencia de Educación para que asuman su responsabilidad en fiscalizar y garantizar condiciones adecuadas en el establecimiento educacional.
De no obtener respuesta clara y eficaz, los padres advierten que acudirán a instancias legales y administrativas disponibles, incluyendo recursos ante la Contraloría, Defensoría de la Niñez y organismos internacionales de derechos humanos. La educación es un derecho, no un privilegio, y los derechos de sus hijos no pueden seguir siendo vulnerados.
