El Senado, por tercera semana, no votó la reforma al sistema notarial, que establece un nuevo procedimiento para el nombramiento de notarios, conservadores de bienes raíces y archiveros.
La normativa también establece criterios uniformes para las actas notariales que den cuenta de hechos o circunstancias presenciadas, prohíbe la contratación de familiares y regula el funcionamiento de los registros conservatorios, entre otros aspectos
Y es que, tras más de seis años de tramitación, dos meses desde el informe de la mixta y un mes desde la aprobación en la Cámara de Diputados, el Senado volvió a postergar la votación de la reforma al sistema de notarios, quedando fijada para el próximo martes 1 de julio.
Si bien se encontraba en primer lugar de la orden del día, tras una reunión de comités de urgencia que mantuvo suspendida la sala, y al no zanjar la disputa institucional entre ambas cámaras respecto a la forma en que se votó la división del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, nuevamente no salió “humo blanco”.
En detalle, la Comisión de Constitución del Senado objetó que en la Cámara se modificó el esquema de votación previamente acordado en la mixta, advirtiendo una posible «irregularidad» en el informe sometido a votación, particularmente respecto del caso del Conservador de Bienes Raíces de Santiago.
Según los senadores, el informe original contemplaba tres votaciones, una de las cuales estipulaba que, si se rechazaba el régimen especial para dividir el Conservador de Santiago, debía mantenerse el modelo actual, que lo considera como una unidad indivisible.
La situación ha generado descontento en el propio Senado, con algunos parlamentarios reconociendo que esta dilación proyecta una «pésima imagen» para la institución. Se señala que la ley ya estaba cuestionada por su tramitación y por un supuesto «intenso lobby» de los notarios.
La nueva postergación, según se indica, solo aumenta esas sospechas.
Desde la Cámara Alta acusan también que el informe de la comisión mixta no fue votado en la Cámara de Diputados de la manera en que la comisión lo había acordado originalmente, lo que habría complicado aún más el panorama y motivado la búsqueda de una fórmula de consenso antes de someterlo a votación.
A raíz de la nueva postergación, la ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos, informó que el Ejecutivo cambiaría la urgencia de «discusión inmediata» a «urgencia suma» para dar más días para resolver la controversia.
Por su parte, el senador Gustavo Sanhueza (UDI) acusó que es «impresentable que habiendo tantos abogados en el Congreso no tengamos un planteamiento que hacerle a la sala». «Eso nos afecta a la imagen del Senado», advirtió el legislador.
