El Servicio de Impuestos Internos (SII) anunció una ofensiva de transparencia para el próximo proceso tributario. Con cinco nuevas declaraciones juradas, el organismo busca capturar información detallada sobre exchanges, billeteras digitales y contratos de arrendamiento financiero, marcando un hito en la fiscalización de activos digitales en Chile.
El panorama tributario en Chile está a punto de cambiar drásticamente. El Servicio de Impuestos Internos (SII) ya prepara la Operación Renta 2026 con una estrategia clara: cerrar las brechas de información en sectores que antes operaban con menor control. A partir de abril, el foco estará puesto en la trazabilidad financiera, especialmente en el mundo de los criptoactivos y el leasing.
Según explicó la directora (S) del SII, Carolina Saravia, la implementación de estas cinco nuevas declaraciones juradas (DJ) busca que el proceso sea «mucho más fluido y con menos observaciones», permitiendo que tanto contadores como contribuyentes cuenten con información precargada y eviten errores que deriven en multas o retenciones.
El fin del anonimato cripto
La gran novedad de este ciclo es la ofensiva sobre las divisas digitales. Se han creado dos declaraciones específicas que obligarán a los proveedores de servicios (exchanges y wallets) a reportar detalladamente los movimientos de sus usuarios:
- Usuarios extranjeros: Reporte anual de datos de usuarios con residencia fuera del país.
- Usuarios en Chile: Detalle minucioso de volúmenes de transacciones, tipos de activos y direcciones de billeteras.
Ambas obligaciones tienen como plazo máximo el 30 de junio, lo que permitirá al SII cruzar datos y asegurar que las ganancias de capital por criptomonedas sean declaradas correctamente.
Fiscalización al Leasing y movimientos internacionales
Por primera vez, el sistema contará con una declaración jurada exclusiva para el leasing. Las entidades arrendadoras deberán informar datos críticos de los contratos, bienes involucrados, valores y la identidad de los arrendatarios. Al igual que en el caso cripto, el plazo vence el último día de junio.
Estas medidas, sumadas a nuevas normativas derivadas de la Ley 21.713 sobre cumplimiento tributario, buscan elevar los estándares de transparencia y reducir la evasión en operaciones que anteriormente resultaban difíciles de rastrear para el fisco.
