Durante esta mañana la Operación Caserío se realizó desde Pozo Almonte e involucró a distintas comunas de la Región de Tarapacá, con el fin de desarticular una banda criminal con amplio alcance territorial.
“Vamos a continuar realizando megaoperativos en distintos lugares del país para devolver la tranquilidad a la ciudadanía, a las comunidad. Estamos en Cerrillos, en Cerro Chuño, en Antofagasta y ahora en Pozo Almonte. No solo estaremos en las capitales regionales, sino que en todas las comunidades que se están viendo azoladas por el crimen organizado”, señaló el fiscal nacional Ángel Valencia.
En total, fueron 600 efectivos de la Policía de Investigaciones que realizaron allanamientos a 70 domicilios, de los cuales en 24 de ellos se logró incautar drogas y 12 armas de alto calibre.
Además, se logró la detención de 38 detenidos, entre personas de nacionalidad chilena y extranjeros.
A su vez, el fiscal Valencia agregó que la estructura criminal mantenía un fuerte control territorial y que las comunidades veían su calidad de vida mermada debido a su actuar. “Juntos somos más fuertes”, enfatizó.
LA ESTRUCTURA
Una estructura compleja en donde existía un líder, detenido gracias al operativo de esta jornada, que cambiaba en los límites fronterizos vehículos robados con el objetivo de conseguir droga que, posteriormente, era acopiada en distintos inmuebles para ser distribuida en Pozo Almonte y la totalidad de la región de Tarapacá.
La desarticulación de esta estructura se logra gracias a una investigación de largo aliento llevada adelante por los fiscales de Alto Hospicio, en coordinación con la Policía de Investigaciones, desde noviembre de 2022.
“En atención a distintas diligencias de investigación como intervenciones telefónicas, agentes encubiertos y otras que es mejor no mencionar por ahora, se logró determinar la responsabilidad en el tráfico ilícito de drogas y acreditar que estamos en presencia de una asociación ilícita para cometer ese delito y en presencia de tenencia y porte de distintas armas que se lograron incautar”, señaló la fiscal de Tarapacá Trinidad Steinart.
Las armas, de acuerdo con la información entregada por la fiscal, serían fusiles y distintos aparatos de fuego, gran cantidad de municiones, además, de la incautación de vehículos motorizados.
LOS DELITOS
Delitos vinculados serían asociación ilícita, tráfico de migrantes, tráfico y microtráfico de drogas, robo y receptación de vehículos y tráfico de armas.
Incluso, se está barajando la posibilidad de que se hubiese cometido el delito de explotación sexual, investigación que se está llevando adelante.
“Este un proceso investigativo exitoso, relacionado con una estructura criminal conformada por chilenos y extranjeros que de un tiempo a la fecha estaba operando y generando temor en la ciudadanía. Ayer se abordó con la dirección de la Fiscalía, ministerio Público y los equipos territoriales de microtráfico, además de un trabajo multidisciplinario para lograr establecer un trabajo de campo, verificando pruebas, vinculaciones, conexiones, levantando evidencias sobre el acopio de drogas y armas de esta estructura criminal”, señaló Eduardo Cerna, director general de la Policía de Investigaciones, PDI.
“Este es un caso con alcance nacional por el tipo de banda que se está golpeando en esta oportunidad. Es una que actúa en un territorio, pero genera intimidación más allá del territorio donde actúa. Y los efectos de sus delitos trascienden las fronteras de la Región”, señaló la ministra del Interior y Seguridad Publica, Carolina Tohá, indicando que la investigación tiene un componente internacional, no solo porque dentro de los detenidos hay personas extranjeras, sino que porque algunos delitos de la estructura se cometían en suelo de otros países.
RETROEXCAVADORA
Por otra parte, la Operación Caserío avanzó hasta una calle Estación de Pozo Almonte, en donde se realizan diligencias con perros entrenados para la detección de cadáveres y drogas, a fin de encontrar mayores pruebas en los distintos delitos que se imputan.
El operativo contó con la presencia de distintas autoridades, como la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá; el fiscal nacional, Ángel Valencia; el director general de la Policía de Investigaciones de Chile, Eduardo Cerna; la fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinart, y los delegados presidenciales regionales Daniel Quinteros Rojas (Tarapacá) y Camila Castillo Guerrero (Tamarugal).
