La denominada Operación Apocalipsis dejó al descubierto un supuesto sistema de cohecho, sobornos y lavado de activos en cárceles capitalinas. La Fiscalía pidió prisión preventiva para 62 imputados y arresto total para seis más, mientras la causa avanza con incautaciones millonarias, drogas, armas y cuentas congeladas. La trama podría no estar cerrada: nuevas declaraciones apuntan a más funcionarios de Gendarmería bajo investigación.
Este sábado por la tarde los muros del 12° Juzgado de Garantía de Santiago parecían contener la respiración colectiva. Afuera, un enjambre de periodistas, cámaras y abogados; adentro, la voz del fiscal Marcos Pastén reconstruyendo pieza por pieza un engranaje que —según el Ministerio Público— funcionó durante años dentro de recintos penitenciarios, como si las cárceles hubiesen parido su propio gobierno en las sombras.
La investigación, conocida como Operación Apocalipsis, llegó a su punto crítico con la solicitud de prisión preventiva para 62 imputados: gendarmes y civiles acusados de integrar nueve agrupaciones dedicadas presuntamente al cohecho, soborno, lavado de activos y tráfico de influencias dentro y fuera de los penales. Otros seis involucrados —calificados como “manilleros”, encargados del ingreso clandestino de encomiendas— quedaron bajo arresto domiciliario total, tras un acuerdo humanitario motivado por su colaboración preliminar.
La audiencia que dejó al descubierto un sistema completo
El relato judicial no solo es voluminoso: es demoledor. La Fiscalía sostiene que parte significativa de la estructura operaba desde Santiago Uno y San Joaquín, donde habrían funcionado redes encargadas de introducir objetos prohibidos, gestionar pagos ilícitos, mover dinero y negociar privilegios internos.
Pastén planteó que algunos imputados prefirieron no enfrentar la discusión sobre medidas cautelares, insinuando posibles colaboraciones futuras para atenuar sanciones. Una señal que, en el entorno judicial, fue leída como el primer quiebre dentro de la red.
El dinero: el hilo que une la trama
Los detalles económicos fueron el golpe más duro: movimientos superiores a 6 mil millones de pesos en solo tres años, según la Fiscalía.
El mecanismo descrito incluía triangulaciones bancarias, uso de múltiples cuentas, testaferros, adquisición de vehículos e inmuebles y un flujo que, en palabras del ente persecutor, no guarda relación con los sueldos reales de los funcionarios involucrados.
Durante los operativos se incautaron:
- $50 millones en efectivo
- 183 cuentas bancarias congeladas
- 16 vehículos
- armas y municiones
- drogas como marihuana, cocaína y metanfetaminas
Una fotografía que, según el Ministerio Público, demuestra una red con poder económico, conexiones y capacidad para operar sin levantar sospechas durante años.
Efecto dominó: más gendarmes bajo la lupa
Lo que parecía un cierre de jornada se convirtió en un nuevo capítulo: el fiscal Sergio Soto confirmó que más funcionarios penitenciarios podrían quedar involucrados.
Declaraciones de imputados, trazabilidad bancaria y reportes recientes de la Unidad de Análisis Financiero abren la puerta a otras investigaciones, ampliando la posibilidad de que el escándalo tenga ramificaciones más profundas.
Los delitos flagrantes: drogas y armas en manos de funcionarios
La audiencia también expuso casos paralelos detectados durante los allanamientos:
- hallazgos de marihuana, cocaína y pastillas sintéticas en habitaciones de funcionarios
- celulares, cargadores y objetos para dosificar sustancias
- armas de fuego, algunas modificadas, y munición
Estos elementos se suman a la acusación central, configurando un escenario que el Ministerio Público califica como “sistemático”, más que aislado.
300 días para escarbar el iceberg
El tribunal fijó 300 días para la investigación, que también contempla querellas del Consejo de Defensa del Estado. La Fiscalía asegura que el caso podría crecer, especialmente tras el ingreso de testimonios que apuntan a nuevos funcionarios.
Una conclusión todavía en suspenso
Mientras los imputados permanecen custodios y esposados, la audiencia continuará este domingo. En las próximas horas se resolverá la situación de los últimos formalizados y se determinarán las medidas cautelares restantes.
La pregunta que ronda en el ambiente:
si este es el inicio del fin del entramado…
o apenas la superficie de algo más profundo.
