El 12° Juzgado de Garantía de Santiago resolvió aplicar la medida cautelar de prisión preventiva a 62 personas imputadas en la denominada Operación Apocalipsis, causa que investiga una compleja trama de corrupción que operaba al interior de recintos penitenciarios de la capital. La decisión se adoptó tras once extensas jornadas de formalización y afecta, entre otros, a 42 funcionarios de Gendarmería que ejercían sus cargos al momento de los hechos.
Con esta resolución judicial, y considerando a otros dos imputados que ya se encontraban privados de libertad, el total de personas encarceladas en el marco de esta investigación asciende a 64, mientras que solo un número menor quedó sujeto a medidas cautelares distintas.
La investigación es encabezada por la Fiscalía Metropolitana Occidente, con apoyo de la PDI, y permitió detectar el funcionamiento de una red delictual que operaba principalmente en las cárceles de Santiago 1 y San Joaquín, donde se facilitaban una serie de ilícitos a cambio de pagos y beneficios económicos.
Según detalló el fiscal regional Marcos Pastén, el tribunal tuvo por acreditados delitos de cohecho agravado, soborno, asociación criminal, tráfico de drogas, ingreso ilegal de teléfonos celulares y eventuales operaciones de lavado de activos. Asimismo, el juez estimó que todos los imputados habrían participado como autores y que su permanencia en libertad constituía un peligro para la seguridad pública.
El Ministerio Público sostuvo que la organización no funcionaba bajo una jerarquía tradicional, sino como un sistema coordinado de intercambio ilegal, donde se regulaban servicios y beneficios al interior de los penales, configurando lo que la Fiscalía calificó como un verdadero mercado criminal.
Desde las defensas, en tanto, surgieron críticas a la resolución judicial, acusando una falta de individualización de responsabilidades y ausencia de pruebas directas en algunos casos. Varios abogados anunciaron que presentarán recursos de apelación, por lo que la causa será revisada próximamente por la Corte de Apelaciones de Santiago, instancia que deberá pronunciarse sobre la legalidad y proporcionalidad de las medidas cautelares decretadas.
🟢 IMPORTANTE ACLARACIÓN: De acuerdo con el principio de presunción de inocencia, toda persona acusada de un delito debe ser considerada inocente mientras no exista una sentencia judicial firme que determine su culpabilidad. Esta nota aborda un proceso aún en desarrollo y no pretende prejuzgar los hechos ni el resultado final de las investigaciones.
