Por tercera vez en once años, el eco del caso SQM vuelve a sacudir los cimientos del país. Esta vez, no por nuevas revelaciones ni filtraciones de correos, sino por el sonido seco y definitivo de una absolución total.
El Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago decretó el fin del proceso que por más de una década simbolizó el rostro más visible del financiamiento irregular de la política chilena, absolviendo a todos los imputados: Pablo Longueira, Marco Enríquez-Ominami, Patricio Contesse, Cristián Warner, Roberto León, Marisol Cavieres, Carmen Valdivieso y Marcelo Rozas.
La resolución, leída en una sala colmada de abogados, periodistas y exfiscales expectantes, cerró uno de los capítulos judiciales más extensos de la era democrática.
Con un tono severo, la jueza María Teresa Barrientos —presidenta de la sala— no sólo absolvió, sino que acusó al propio Ministerio Público de haber construido un caso desbordado, errático y excesivamente prolongado. “Este tribunal constata una violación flagrante al derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable”, sentenció la magistrada, apuntando directamente al corazón del sistema judicial chileno.
Un juicio interminable
El caso comenzó a germinar en 2014, cuando la Fiscalía Nacional Económica destapó los pagos irregulares de Soquimich (SQM) a asesores y políticos de todos los colores. Lo que siguió fue una avalancha: más de 14.000 documentos, 560 audiencias, 651 testigos y tres años de juicio oral, con fiscales que se relevaban como piezas de una maquinaria sin fin.
Durante ese tiempo, los acusados envejecieron frente a las cámaras y los fiscales cambiaron de destino, pero el caso seguía abierto, cada vez más diluido entre papeles duplicados, testigos confusos y una maraña de pruebas “revueltas y repetidas”, como describió el propio tribunal.
La jueza Barrientos fue tajante: “No fue la complejidad de los hechos, sino la decisión del Ministerio Público de agrupar múltiples causas lo que generó una dilación injustificable”. La crítica cayó como un golpe seco: no solo se absolvió a los acusados, sino que se cuestionó la manera en que el Estado persigue la corrupción.
“Soy el político más revisado de Chile”
Pocos minutos después del fallo, Pablo Longueira salió del tribunal con el rostro endurecido por los años, pero con la voz firme. “Lo dije hace diez años: soy inocente, soy un hombre honesto. Me allanaron, mintieron, entregaron pruebas falsas, pero gané esta batalla porque no tengo tejado de vidrio”, declaró ante las cámaras.
El exsenador UDI aseguró que este fallo “no borra el daño” a su familia ni el desgaste personal: “Hoy tengo veinte nietos, y a ellos les dedico este triunfo. Hay tata para mucho rato”.
Por su parte, Marco Enríquez-Ominami (ME-O) fue más sobrio, pero no menos desafiante.
“Se hizo justicia. Fui investigado por once años, con 28 fiscales y sin una sola prueba en mi contra. Fue persecución política, judicial y mediática”, dijo al salir de la sala, rodeado de su equipo y de su histórico asesor, Cristián Warner.
A diferencia de Longueira, MEO no habló de volver a la política, pero sí de “recuperar el tiempo perdido”.
Una derrota institucional
Mientras los absolutos respiraban aliviados, la reacción más dura vino del otro lado. El exfiscal Carlos Gajardo, quien lideró las primeras etapas del caso antes de renunciar al Ministerio Público, lanzó una frase que resonó como epitafio:
“Esta es la mayor derrota que ha tenido la Fiscalía en toda la historia de la reforma. Es el final de un gran acuerdo de impunidad de la clase política”.
Gajardo no sólo cuestionó el fallo, sino que acusó a las propias instituciones —el SII y el fiscal nacional Jorge Abbott— de haber permitido que el caso muriera de desgaste y lentitud.
“Esto refuerza la idea de que en Chile sólo se encarcela la pobreza”, sentenció en redes sociales, con miles de reacciones a favor y en contra.
Cifras, silencios y heridas
La investigación costó más de $2.000 millones al Estado, involucró a una veintena de fiscales y abarcó hechos entre 2008 y 2015.
A once años del estallido del caso, ningún político ha sido condenado por financiamiento irregular de campañas, pese a las pruebas que alguna vez se consideraron contundentes: correos, boletas ideológicamente falsas, y testimonios que hoy el tribunal calificó como “de oídas” o “afectados por el paso del tiempo”.
Para los acusados, el fallo es el cierre de una pesadilla. Para los fiscales, una lección amarga. Y para la ciudadanía, el eco de una pregunta que no deja de repetirse desde hace una década: ¿en Chile la justicia realmente llega para todos por igual?
