La Cámara de Diputadas y Diputados despachó a ley el proyecto que establece una nueva regulación para tipificar y sancionar delitos terroristas. La iniciativa, que forma parte de la “Agenda de Seguridad”, fue aprobada con 102 votos a favor, 17 en contra y 13 abstenciones, quedando lista para ser promulgada por el Presidente de la República. Según la ministra del Interior, Carolina Tohá, esta ley tiene como objetivo “la persecución de organizaciones terroristas y el terrorismo individual”.
Entre las principales novedades del proyecto está la posibilidad de interceptar comunicaciones en investigaciones de delitos terroristas. De acuerdo con la normativa, el juez podrá autorizar estas medidas a petición del Ministerio Público, utilizando tecnologías como el IMSI Catcher para geolocalizar dispositivos y obtener datos específicos. La diputada Alejandra Placencia (PC) expresó su preocupación, calificando esta herramienta como “una amenaza directa a derechos fundamentales como la privacidad de las comunicaciones”.
Otro punto clave resuelto por la comisión mixta fue el cambio excepcional de jurisdicción. Tanto el Ministerio Público como la defensa podrán solicitar que un tribunal diferente, preferentemente en Santiago, asuma causas terroristas en casos de alta connotación pública o complejidad. Este cambio deberá ser aprobado por la Corte Suprema y garantizar el respeto al derecho de defensa del imputado.
La aprobación de esta nueva ley ha sido valorada como una señal de endurecimiento frente al terrorismo, con penalidades que incluyen cadena perpetua. Sin embargo, también ha generado debate respecto a posibles afectaciones a derechos fundamentales. “La ley reemplaza una normativa heredada de la dictadura, pero debemos asegurar que no se vulneren garantías esenciales”, comentó la diputada Placencia. Por otro lado, parlamentarios como Henry Leal (UDI) destacaron que esta legislación es “un paso firme en la protección de la ciudadanía frente a amenazas terroristas”.
