Una inédita y hasta ahora desconocida sanción militar sacude a la Fuerza Aérea de Chile (FACh). Veinte uniformados fueron sancionados con tres días de arresto militar luego que se negaran a abordar un Hércules C-130 con destino a la Antártica, alegando fallas en los indicadores de combustible de la aeronave.
Entre ellos, uno de los implicados, el entonces cabo Elías Villalonga, está acusado de liderar una banda interna que traficaba ketamina.
La orden y la alarma
Todo comenzó el 2 de diciembre de 2024, cuando el Comando de Combate emitió una “Orden de Operaciones” para la II Brigada Aérea, con el objetivo de participar en la Campaña Polar Científica Conjunta Glaciar Unión 2024. La misión consistía en el transporte de carga y pasajeros hacia y desde el territorio antártico, para lo cual se designó el C-130 N° 995, un avión Hércules de transporte militar.
Sin embargo, el 15 de diciembre, veinte funcionarios del Grupo de Aviación N° 10 y del Grupo de Mantenimiento N° 52 presentaron informes detallados solicitando no participar en la misión. Los documentos advertían sobre discrepancias en los indicadores de combustible de la aeronave y riesgos que podían poner en peligro la seguridad de la tripulación.
Un piloto alumno, identificado con las iniciales J.C.F., señaló que la nave “presentaba discrepancias en sus indicadores de combustible, generando un posible desbalance en los estanques, lo que representaba un riesgo latente para la operación desde Punta Arenas hasta Glaciar Unión”. Otro teniente, J.G.T., agregó que el avión “no cumplía con los estándares mínimos de seguridad operacional, y que la causa raíz de la falla era desconocida, comprometiendo el éxito de la misión”.
Un sargento segundo, C.G.A., destacó que las condiciones meteorológicas extremas de la región hacían imposible operar los indicadores de combustible de manera segura, y que seguir adelante con la misión constituía un riesgo innecesario para las tripulaciones.
La sombra de la tragedia
El miedo de los uniformados no era infundado: recordaban el accidente del C-130 N° 990, ocurrido en 2019 en el Mar de Drake, que dejó 38 muertos. Uno de los pilotos declaró que “el recuerdo de aquella tragedia todavía estaba presente, especialmente entre quienes conocíamos a los fallecidos”.
La respuesta de la FACh
La Comandancia en Jefe de la II Brigada Aérea consideró que los informes presentados “eran fundamentalmente idénticos entre sí y sin sustento concreto”. Señaló además que la aeronave finalmente no fue utilizada para la misión Glaciar Unión 2024, tras una reunión técnica que evaluó las fallas detectadas y definió no autorizar el vuelo hasta subsanar los problemas.
Pese a esto, la institución determinó que los uniformados habían incurrido en falta a la disciplina, afectando la disponibilidad de las tripulaciones y generando desconfianza en el cumplimiento de una misión institucional. En los documentos oficiales, la FACh concluyó que se produjo “una falsa alarma, desorden y confusión en las tripulaciones, incumpliendo órdenes permanentes del servicio y alterando el régimen imperante en la unidad”.
Sanciones y contexto
Todos los involucrados recibieron tres días de arresto militar con todo servicio, una medida que confina al uniformado a su unidad pero le permite continuar con sus funciones. En el caso del cabo Elías Villalonga, la sanción se sumó a su participación en la organización criminal que traficaba ketamina desde la Región de Tarapacá a Santiago.
La resolución de la Comandancia advierte que, pese a la controversia, las campañas Glaciar Unión 2024 y Estrella Polar III se realizaron con éxito, utilizando medios aéreos asignados y cumpliendo con la normativa correspondiente, incluido el C-130 N° 995 luego de subsanar las discrepancias.
El debate interno
La situación ha generado preguntas sobre la línea entre la disciplina militar y la seguridad operacional. Mientras la FACh enfatiza que los informes fueron “una acción individual pero concertada, sin sustento efectivo”, los aviadores sostienen que su negativa estuvo motivada por el riesgo evidente de volar en condiciones que recordaban la tragedia de 2019.
Uno de los sargentos señaló: “La orden era de muy alto riesgo para la seguridad de la operación y de la tripulación, incluso pudiendo tener resultados catastróficos”. Otro agregó: “Esta misión, bajo estas condiciones, ponía en riesgo innecesario a la tripulación y comprometía el éxito de la operación”.
El caso deja al descubierto una faceta poco conocida de la FACh: uniformados que, pese a alertar sobre fallas graves, fueron sancionados por mantener la prudencia, mientras la institución reafirma su autoridad y disciplina interna. Una historia de tensión, miedo y obediencia que hasta ahora permanecía en las sombras, pero que pone sobre la mesa los dilemas entre seguridad, disciplina y responsabilidad militar.
