La creciente preocupación por los ataques de pumas y la matanza de ganado en Colchane generó un tenso intercambio en el Concejo Municipal, luego que una concejala cuestionara la falta de acciones concretas frente a las pérdidas que afectan a familias ganaderas de la comuna.
Durante la sesión, la edil manifestó su inquietud por la situación que ha provocado pérdidas históricas de animales, afectando directamente el sustento económico de productores del altiplano. En ese contexto, solicitó medidas más firmes y apoyo municipal para enfrentar la problemática.
Ante los cuestionamientos, el alcalde fue categórico: “No podemos hacer nada porque es un problema de Estado”, argumentando que el conflicto con fauna silvestre —en particular los ataques de pumas— excede las competencias municipales y requiere una política pública de carácter nacional.
La autoridad comunal explicó que se trata de una materia regulada por normativas ambientales y organismos especializados, por lo que cualquier intervención directa debe enmarcarse en la legislación vigente.
No obstante, en la discusión también se planteó la necesidad de avanzar en medidas complementarias, como la realización de un catastro de corrales y baños sanitarios, fortalecer las mesas regionales de trabajo y gestionar apoyo financiero para la adquisición de medicamentos e insumos veterinarios.
El debate dejó en evidencia la tensión entre las demandas locales y las limitaciones institucionales, en una comuna donde la ganadería representa sustento económico, arraigo cultural y permanencia territorial en zona fronteriza.
EL COTRASTE EN OTRAS COMUNAS
Como antecedente, en otras municipalidades del norte del país han adoptado medidas concretas frente a la misma problemática. Tal es el caso de la comuna de Calama, el municipio aprobó una asignación de $150 millones para distribuir entre comunidades y asociaciones ganaderas con el fin de abordar los ataques de puma.
Según lo informado, estos recursos fueron definidos con carácter permanente, proyectando un incremento anual con apoyo e información de las propias comunidades. Además, se exigió mayor presencia institucional en el territorio, solicitando que organismos como el SAG, INDAP y la DOH dispongan de más recursos y personal especializado.
En la declaración pública, los firmantes también hicieron un llamado a las autoridades nacionales y regionales a ejercer su rol de cuidado, fiscalización y control, adoptando medidas para enfrentar los ataques reiterados. Asimismo, se instó a la ciudadanía a tomar resguardos al visitar sectores rurales e informarse previamente en instancias municipales.
El contraste instala una pregunta de fondo: si bien el conflicto con fauna silvestre es efectivamente una materia de carácter nacional, ¿hasta dónde pueden —o deben— llegar los municipios para mitigar el impacto inmediato en sus comunidades productivas? En Colchane, por ahora, la discusión sigue abierta.
