No son ministerios ni servicios lejanos: son municipalidades. Putre, en Arica y Parinacota, y Pozo Almonte, en Tarapacá, quedaron oficialmente bajo la lupa de la Contraloría General de la República, luego que el organismo fiscalizador se abstuviera de aprobar sus estados financieros por inconsistencias detectadas entre los años 2020 y 2024. Ambas comunas del extremo norte aparecen en un informe que remeció al país y que revela fallas graves en la administración de recursos públicos, en un contexto donde cada peso municipal es clave para el funcionamiento de servicios básicos, obras y programas sociales.
La señal de alerta no llegó con sirenas, sino con balances que no cuadran. Las municipalidades de Putre, en Arica y Parinacota, y Pozo Almonte, en Tarapacá, quedaron oficialmente bajo observación de la Contraloría General de la República, luego que el organismo fiscalizador se abstuviera de aprobar sus estados financieros tras detectar inconsistencias relevantes en el uso y registro de recursos públicos. Ambas comunas forman parte de un listado nacional de 73 instituciones, entre municipios y servicios del Estado, involucradas en un informe que destapó desórdenes financieros por más de US$17.500 millones.
El norte grande bajo la lupa
En territorios donde el municipio suele ser el principal —y muchas veces único— brazo del Estado, la noticia golpea fuerte. Putre, puerta de entrada al altiplano, y Pozo Almonte, eje administrativo del Tamarugal, aparecen en un informe que revisó los ejercicios financieros entre 2020 y 2024, periodo marcado por pandemia, emergencias climáticas y un fuerte aumento del gasto público.
La Contraloría fue clara: no existían antecedentes suficientes para validar los estados financieros, debido a falencias como registros incompletos, conciliaciones no justificadas, falta de respaldo documental y debilidades estructurales en los controles internos.
No es un caso aislado: una falla sistémica
Lejos de tratarse de una excepción regional, el informe revela un problema de alcance nacional. Municipalidades de norte a sur, gobiernos regionales, servicios públicos y organismos estratégicos del Estado aparecen en la nómina de entidades cuyas cuentas no pudieron ser aprobadas.
En varios casos, los antecedentes fueron derivados al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado, mientras que en otros se instruyeron sumarios administrativos para determinar eventuales responsabilidades.
US$17.500 millones sin validación contable
El dato que estremece es el volumen: US$17.500 millones en recursos públicos fueron auditados y quedaron bajo observación por inconsistencias. Para la Contraloría, esta situación impide tener certeza sobre la correcta utilización del dinero fiscal, afectando directamente la transparencia y la confianza ciudadana.
Especial preocupación generan los municipios, al ser primeros respondedores frente a emergencias, encargados de ayudas sociales, caminos, salud primaria y educación, pero que —según el informe— arrastran problemas crónicos de gestión financiera.
¿Qué implica estar “en alerta”?
La abstención de aprobación no equivale automáticamente a delito, pero sí constituye una advertencia formal. Las instituciones deberán subsanar observaciones, entregar antecedentes pendientes y corregir procesos, mientras que otras enfrentarán investigaciones más profundas.
Para comunas pequeñas, como Putre, o territorios estratégicos como Pozo Almonte, el desafío es doble: ordenar las cuentas sin afectar la continuidad de los servicios básicos.
🔴 LISTADO COMPLETO DE LAS 73 INSTITUCIONES OBSERVADAS POR CONTRALORÍA
Servicios públicos y organismos del Estado
- Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena)
- Fondo Nacional de Salud (Fonasa)
- Instituto Nacional de la Juventud
- Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji)
- Servicio de Vivienda y Urbanización Metropolitano
- Instituto Nacional de Deportes – Nivel Central
- Gobierno Regional de O’Higgins
- Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID)
- Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere)
- Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap)
- Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb)
- Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño
- Subsecretaría de Servicios Sociales
- Oficina Nacional de Emergencia (Onemi / Senapred)
- Subsecretaría de Educación Parvularia
- Servicio de Registro Civil e Identificación
- Instituto de Seguridad Laboral
- Subsecretaría de Bienes Nacionales
- Carabineros de Chile – Dirección de Previsión (Dipreca)
- Servicio Nacional del Adulto Mayor
- Servicio de Salud Araucanía Norte
- Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda)
- Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud (Cenabast)
- Parque Metropolitano de Santiago
- Instituto Nacional de Estadísticas (INE)
- Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)
- Comisión Nacional de Riego (CNR)
- Subsecretaría de Energía
- Dirección General de Crédito Prendario (Dicrep)
- Subsecretaría del Trabajo
- Fondo de Solidaridad e Inversión Social (Fosis)
- Subsecretaría de Minería
- Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence)
- Servicio Médico Legal
- Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género
- Dirección de Educación Pública
- Servicio Nacional de Aduanas
- Servicio Nacional de Turismo (Sernatur)
- Complejo Hospitalario San José
- Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis)
- Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID)
- Instituto de Salud Pública (ISP)
- Defensoría Penal Pública
- Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin)
- Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC)
- Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca)
- Subsecretaría de Telecomunicaciones
- Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi)
- Servicio Nacional del Consumidor (Sernac)
Municipalidades observadas
- Municipalidad de Pudahuel
- Municipalidad de Lo Barnechea
- Municipalidad de Calama
- Municipalidad de La Reina
- Municipalidad de El Bosque
- Municipalidad de Copiapó
- Municipalidad de Melipilla
- Municipalidad de Concón
- Municipalidad de Castro
- Municipalidad de Conchalí
- Municipalidad de Pucón
- Municipalidad de Collipulli
- Municipalidad de Taltal
- Municipalidad de Canela
- Municipalidad de Primavera
- Municipalidad de Quintero
- Municipalidad de Putre
- Municipalidad de Pozo Almonte
- Municipalidad de Paihuano
- Municipalidad de Palmilla
- Municipalidad de María Elena
- Municipalidad de Calama (segunda observación en distinto periodo)
- Municipalidad de Tal Tal (según auditoría específica)
- Municipalidad de Quintero (auditoría complementaria)
El informe de Contraloría no es solo un documento técnico: es una advertencia política y administrativa. Desde Putre y Pozo Almonte hasta grandes servicios nacionales, el Estado enfrenta un desafío urgente: ordenar sus cuentas, fortalecer controles y rendir explicaciones claras.
Porque cuando los números no cuadran, la desconfianza crece… y el costo final siempre lo termina pagando la ciudadanía.
