Después de reconocer este jueves que hubo un error «grave» en las pensiones de gracia mal otorgadas en el marco del estallido social de 2019, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, decidió suspender su visita a Iquique a raíz de estos hechos. “Por razones de fuerza mayor, queda suspendida la agenda de los subsecretarios del Interior y Defensa en la región de Tarapacá”, aclaraban desde su gabinete.
Cabe recordar que anteriormente y tras las declaraciones vertidas por el Fiscal Regional de Tarapacá, Raúl Arancibia sobre un presunto descontrol del paso fronterizo, la autoridad nacional rebatió la situación aclarando que “El día viernes voy a estar en la Región de Tarapacá y espero tener la posibilidad de reunirme con el fiscal. De hecho, voy a tener una actividad de la fiscalía de Alto Hospicio, así que espero que el Fiscal Regional pueda estar”.
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ERROR EN LAS PENSIONES DE GRACIA
Con respecto al categórico informe de la Contraloría General de la República (CGR) que acreditó que 19 expedientes de beneficiarios de las compensaciones, remitidos por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), no presentaban antecedentes médicos. Monsalve afirmó que «nunca debería haber ocurrido que se entregaran pensiones de gracia a quienes tenían antecedentes penales y que no tenían lesiones permanentes. Nunca debió haber ocurrido; por lo tanto, es un hecho grave».
Según lo indicado por el análisis de la CGR, “los respaldos correspondían a certificados médicos poco legibles, sin diagnóstico, con antecedentes contradictorios respecto del daño o con una fecha anterior a octubre de 2019″.
Asimismo, 58 de los 419 beneficiados «tienen antecedentes penales por condenas, con resultado de multa, prisión y reclusión o presidio, incluidos delitos violentos», según la CGR.
Entre ellos hay condenados por estafa, tráfico de drogas, producción de material de explotación sexual de menores, abuso sexual, robo con violencia, homicidio o violencia intrafamiliar, entre otros delitos. En algunos casos los beneficiados suman hasta 10 condenas.
En base a ello el subsecretario garantizó que «se cumplió rigurosamente los requisitos que establecía el procedimiento, establecido para entregar esas pensiones, procedimiento que se dictó por resolución el 4 de enero del 2022 y que no establecía el requisito de pedir los antecedentes penales».
«Si usted me pregunta si eso fue un error, yo le diría que sí fue un error, pero yo no dicté ese procedimiento», afirmó, defendiendo su gestión de las críticas de la oposición.
«Yo sí dicté un procedimiento, la modificación de ese procedimiento que hoy día le permite a Chile que cuando se vaya a otorgar una pensión de gracia exista la obligación de presentar los antecedentes penales; por lo tanto, los cuestionamientos de Contraloría tienen fundamento respecto a este punto», enfatizó.
