El Gobierno formalizó el inicio de la nueva Ley de Seguridad Privada, traspasando la responsabilidad total de regulación y autorización de empresas junto con cerca de 500 mil personas que integran el sector a la Subsecretaría de Prevención del Delito. A pesar del hito, expertos advierten que la implementación enfrentará serios obstáculos, principalmente por la falta de recursos para asumir su nueva función de control.
La principal preocupación, que podría poner en riesgo la implementación, se centra en la infraestructura institucional. Juan Nicolossi, experto en seguridad y profesor de la Universidad de Los Andes, sostuvo que el gran problema que podría generar la ley se encuentra en materia de presupuesto. Nicolossi apuntó que la subsecretaría «no cuenta con un presupuesto acorde para cumplir con esta función», poniendo en duda su capacidad operativa.
La nueva ley impone requisitos estrictos al sector. La normativa obliga a certificar empresas, guardias y vigilantes y a elaborar nuevos planes de seguridad. Además, impone reglas específicas y más rigurosas para la realización de eventos masivos de más de 3.000 asistentes. Luis Cordero, ministro de Seguridad Pública, advirtió que los 500 mil trabajadores y las empresas tienen un plazo de adecuación de seis meses y que no habrá prórrogas.
Desde el sector privado, también manifestaron sus reparos sobre el proceso de implementación. Cristian González, vicepresidente de la Asociación de Empresas de Seguridad Privada, sostuvo que el principal desafío será la implementación, alertando sobre posibles «cuellos de botella» en el sistema que podrían ralentizar la acreditación. González explicó que la dificultad radica en que la nueva ley exige que la acreditación se realice «directamente en la Subsecretaría de Prevención del Delito,» para todo el universo de personal.
Fuente: Biobio.cl
