Tras la decisión del Tribunal de Garantía de Iquique de dictar prisión preventiva para los ocho imputados —siete exfuncionarios del Ejército y una civil— por presunta participación en una red de tráfico de drogas, la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, calificó la situación como “muy grave”, pero llamó a evitar generalizaciones que afecten a toda la institución.
Durante este viernes, la ministra confirmó haber sostenido reuniones con altos mandos militares y civiles del área, enfocadas en el análisis de medidas sobre la seguridad de recintos militares y el impacto de este caso en la estructura de mando. “Sabíamos que eran ocho personas, uno estaba prófugo y fue encontrado, y hay una mujer involucrada que no pertenece a las Fuerzas Armadas”, señaló Delpiano.
Respecto a los imputados, todos ya fueron dados de baja y a algunos se les retiró el acceso a vivienda fiscal. Además, se está evaluando su eventual traslado a otra unidad más adecuada para enfrentar el proceso judicial. La ministra destacó que se trata de un caso aislado y que, hasta ahora, no hay antecedentes de una red más amplia al interior del Ejército.
“Estamos tomando medidas para aislar este problema del funcionamiento general de la institución”, enfatizó, reiterando el rol que cumplen las Fuerzas Armadas tanto en tiempos de paz como en escenarios electorales o de emergencia. La próxima semana, viajará a la región el subsecretario de Defensa, con el objetivo de recopilar más antecedentes y supervisar directamente las acciones en curso.
